Martes. Media mañana. Santa Cruz de Tenerife. Presidencia del Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo atiende a los medios de comunicación en una comparecencia extraordinaria para valorar la decisión del Consejo de Ministros de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una medida que permite, tras meses de negociaciones, la distribución extraordinaria entre el resto de comunidades autónomas de 5.810 menores migrantes que ahora están acogidos en las Islas.
"Nos dijeron que era imposible", subraya el presidente de Canarias en su aparición ante la prensa. "Siempre hemos tenido el no por delante", añade Clavijo en su intervención para continuar recalcando que "lo hemos conseguido sabiendo que teníamos razón". "Hoy es posible lo que en 30 años no lo había sido y lo hemos logrado como sociedad en conjunto. Es un triunfo de toda Canarias", puntualiza el dirigente nacionalista ante los periodistas presentes.
Sentido de Estado
No exageraba Clavijo con esas declaraciones. Canarias ha afrontado sola, durante los últimos 30 años, el drama humanitario de la Ruta Atlántica. Desde que arribó la primera patera, en 1994 con varios saharauis a bordo, hasta el repunte constante de los últimos años. Durante todo este tiempo, el Archipiélago ha estado a la altura dando un ejemplo de unidad, solidaridad y convivencia, ya fuera en la acogida de todos los migrantes o en defensa de los derechos de los niños y niñas migrantes que tutela.
El triunfo de Canarias, además, ha servido para hacer país. Ha tenido que ser el Gobierno del territorio más alejado del centro político del país el que haya tenido que recordar uno de los principios más básicos sobre los que se levanta el Estado español: la solidaridad. Lo hizo apoyándose en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, donde se dejaba claro que la inmigración es un fenómeno supraautonómico y que el Gobierno central tiene la obligación de colaborar con las comunidades autónomas.
La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería llegó horas después de que Carlos Mazón (PP), presidente de la Comunidad Valenciana, asegurara —tras alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de su autonomía— que no aceptaría a menores migrantes procedentes de Canarias. Esa postura, procedente de una región que reclama solidaridad al resto del territorio por los efectos de la DANA, encendió los ánimos en las Islas y recordó cómo en 2006, en un discurso en el Parlamento regional, Adán Martín —por entonces presidente de Canarias— hacía una fotografía de aquel momento que hoy, casi 20 años después, tendría el mismo encaje.
Adán Martín
Ese discurso, pronunciado en septiembre de 2006, durante una de las mayores crisis migratorias del Archipiélago, fue una llamada de socorro, pero también una advertencia. Adán Martín comenzó su intervención con una imagen que sigue doliendo: una operación de rescate de coches arrastrados por el mar en Calella movilizó más medios materiales y humanos que el rescate de vidas humanas en la Ruta Canaria. Su pregunta fue demoledora: “¿Nadie puede evitarlo?”.
Martín denunció entonces que Canarias no tenía competencias en inmigración, pero que, aún así, se volcaba en la atención humanitaria con recursos propios. Detalló cómo el Gobierno autonómico mantenía reuniones con países africanos, proponía cambios legales, asistía médicamente a los migrantes y reclamaba sin éxito la intervención del Estado y de la Unión Europea. Habló de una Europa que no prestaba atención a su frontera atlántica, de un Estado que tardaba dos meses en conceder una reunión urgente, y de un fenómeno que, como hoy, amenazaba con desbordar los servicios públicos y la convivencia.
Menores en 2006
En aquella intervención ya estaba el debate actual sobre los menores migrantes. “Estamos acogiendo a casi el triple de menores de los que estamos capacitados para acoger”, afirmó Martín, solicitando corresponsabilidad de otras comunidades y recordando que era el Estado, y no las regiones, quien tenía la obligación legal de su cuidado. Hoy, casi dos décadas después, esa realidad persiste, y la respuesta, aunque llega, lo hace tras años de soledad y desgaste.
El entonces presidente canario reclamaba un Pacto de Estado sobre inmigración y un Pacto Europeo que incluyera la especificidad ultraperiférica de Canarias. Pidió más presencia diplomática en África, más cooperación al desarrollo, una vigilancia real de las costas, una política común y no reactiva. Denunció que Canarias, sin apenas competencias, se había anticipado con visitas a Senegal y Mauritania, con reuniones con comisarios europeos, con recursos de emergencia y con propuestas legislativas que aún hoy siguen en trámite o sin respuesta.
Frontera y fosa común
Casi veinte años después, la sensación es que el tiempo ha pasado, pero no el problema. El mensaje de fondo del discurso de 2006 sigue vigente: Canarias actúa, pero necesita que el resto del país y de Europa lo haga también. El Atlántico sigue siendo frontera, pero también fosa común.
Fernando Clavijo habla de triunfo, y lo es, pero no porque Canarias haya ganado una guerra, sino porque ha resistido sola. La victoria es moral, simbólica y también política, pero sobre todo es una prueba más de que el Archipiélago sigue siendo un territorio olvidado hasta que arde.