El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles la propuesta del PSOE para crear un registro de grandes tenedores, una iniciativa que el partido justificaba en la existencia de al menos 104.417 viviendas en manos de personas con más de cinco inmuebles y otras 77.613 pertenecientes a personas jurídicas, alrededor del 10% del total del parque residencial. La proposición de ley pretendía regular a estos agentes, ampliar los derechos de tanteo y retracto de la Comunidad Autónoma y permitir una mayor planificación del parque público.
La propuesta fue rechazada por Coalición Canaria, Partido Popular, ASG, AHI y también por Vox, que argumentaron que el registro solo incrementaría la burocracia sin resolver el problema habitacional. El PSOE defendió que la concentración de vivienda, junto al aumento de precios y la presión turística y residencial, hacía necesaria esta herramienta para reforzar la capacidad de la administración. El texto definía como gran tenedor a quienes posean más de diez viviendas, 1.500 m² construidos o cinco o más inmuebles en zonas tensionadas.
El proyecto incluía nuevos derechos de tanteo y un tipo fiscal del 20%
Según el PSOE, cuatro personas concentran 620 propiedades y 73 sociedades suman más de 19.384 viviendas. La iniciativa planteaba que todas las transmisiones de estos propietarios quedaran sujetas a tanteo y retracto autonómico, incluso en ventas de participaciones sociales superiores al 25%. Además, proponía fijar un tipo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compras realizadas por grandes tenedores, para transmisiones de edificios completos y para viviendas destinadas a uso vacacional, con excepciones como la vivienda protegida o alquileres residenciales mantenidos 15 años.
El diputado Sebastián Franquis sostuvo que la creación del registro permitiría saber cuántas viviendas poseen estos agentes y dónde están ubicadas, subrayando que “no es una ocurrencia, es una necesidad”. Aseguró que la propuesta “solo ordena y regula” y responde a un “mandato social y moral” para garantizar que acceder a una vivienda “no sea un privilegio”.
El resto de grupos cuestiona su utilidad y rigor jurídico
Desde Coalición Canaria, la diputada Socorro Beato afirmó que la propuesta “solo añade burocracia” y “no cuenta con un análisis riguroso”, al tiempo que recordó que hay 2.500 viviendas públicas en construcción. El Partido Popular, a través de Jennifer Curbelo, sostuvo que “la receta de la intervención no funciona” y reclamó “más seguridad jurídica” para fomentar el alquiler. Vox, con Paula Jover, calificó la ley como “un castigo a la propiedad privada” que convertiría a pequeños patrimonios en “sospechosos”.
También se opusieron ASG y AHI. Melodie Mendoza sostuvo que la iniciativa, aunque “bienintencionada”, no garantiza un mejor acceso a la vivienda. Raúl Acosta la definió como “populista” y preguntó al PSOE por qué no creó este registro cuando gobernaba.
Nueva Canarias, único apoyo a la iniciativa
Nueva Canarias fue la única formación que votó a favor. Su diputado defendió que “no debería haber problema en saber quiénes son los grandes tenedores”, añadiendo que “a lo mejor son ustedes o amigos suyos”, en referencia a los grupos que rechazaron la proposición.