La controversia en torno a la reorganización del sistema universitario canario ha dado una nueva vuelta de tuerca este miércoles. El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Luis Serra, ha informado al Consejo de Gobierno de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) —la entidad que agrupa a los equipos rectores de todas las universidades públicas y privadas del país—, junto con la ULPGC y la Universidad de La Laguna (ULL), han solicitado al Defensor del Pueblo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.
La iniciativa está ahora pendiente de admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional. Según ha explicado Serra, el paso dado por las universidades no cuestiona la legitimidad ni la utilidad de los Consejos Sociales, considerados órganos esenciales de participación en la vida académica.
Artículos controvertidos
La preocupación se centra, ha dicho, en determinados artículos de la ley que podrían invadir competencias propias de la autonomía universitaria. Entre los elementos señalados, figuran la posibilidad de que los Consejos Sociales asuman funciones con capacidad decisoria o emitan informes vinculantes, la creación de estructuras que podrían condicionar a los órganos de gobierno universitario y la introducción de controles previos en materia económico-presupuestaria que afectarían a la gestión de proyectos docentes, de investigación o de infraestructuras.
El rector ha insistido en que la ULPGC mantiene una posición de prudencia mientras el Tribunal Constitucional estudia si admite la solicitud. También ha recordado que, pese a la presentación del recurso, la universidad continúa aplicando la ley vigente en tanto no haya una resolución que indique lo contrario.
¿Qué dice la ley?
La nueva Ley de Consejos Sociales aprobada por el Parlamento de Canarias redefine el papel de estos órganos dentro de la gobernanza universitaria y ha generado un rechazo unánime entre las universidades públicas del Archipiélago.
La norma fue tramitada sin incorporar las principales alegaciones de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y ha sido criticada también por organizaciones estatales como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Para estos actores, la aprobación sin consenso y la ampliación de competencias de los Consejos Sociales constituyen un cambio profundo del modelo universitario.
El desacuerdo con la ley se enmarca en un clima más amplio de tensión entre el Gobierno de Canarias y el sistema universitario público. Las universidades denuncian su exclusión de la elaboración de la nueva Ley de la Ciencia, la falta de una financiación estructural adecuada y el impulso a universidades privadas sin controles equiparables a los exigidos a las públicas.
Informes previos
El núcleo de la polémica reside en el refuerzo de las competencias de los Consejos Sociales. La ley les permite emitir informes previos obligatorios antes de que los órganos de gobierno adopten decisiones relevantes —informes que, sin ser vinculantes, condicionan de facto la autonomía universitaria al exigir una justificación formal si se contravienen—.
Además, abre la puerta a retrasos en la toma de decisiones al no fijar plazos claros para esos informes y habilita a estos órganos a firmar convenios externos, una función que hasta ahora correspondía al rectorado.