El Tribunal Constitucional ha sido categórico en Cataluña con la restricción de viviendas de uso turístico al desestimar íntegramente un recurso de inconstitucionalidad que habían interpuesto más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados contra el Decreto-ley de la Generalitat de Medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.
La norma, que es de 2023, regula los apartamentos turísticos en la región de Cataluña. El TC considera que, al contrario de lo que planteaba el PP, "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia, y que es además conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica, además de con el régimen en materia de unidad de mercado establecido por la legislación básica estatal".
La norma enjuiciada fue aprobada, según su exposición de motivos, en respuesta a la proliferación de viviendas de uso turístico en determinados municipios de Cataluña, con la finalidad de hacer frente a las externalidades negativas que este tipo de uso produce para la estructura de la ordenación urbana al extraer del parque residencial, para convertirlos en alojamientos turísticos, inmuebles que la planificación urbanística había previsto para el uso como vivienda permanente y habitual de las personas.
Aire fresco para Jessica de León
Esta sentencia, que se dio a conocer la tarde del jueves, llega en un momento clave para la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias que dirige Jessica de León, pues este viernes comienza en el Parlamento el debate de la primera lectura de la Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas, conocida popularmente como Ley de Vivienda Vacacional.
La situación es paradójica porque en Canarias quien plantea esta ley es, precisamente, el Partido Popular. No obstante, el propio PP nacional planteó al canario sus dudas cuando presentó el recurso de inconstitucionalidad a la ley catalana y la respuesta del PP canario fue que, en realidad, la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por ellos estaban planteando legislaciones similares.
La sentencia sobre la norma catalana es un soplo de aire fresco para el Gobierno de Canarias, pues la ley de Vivienda Vacacional de De León ha sido muy criticada tanto por asociaciones de propietarios de viviendas vacacionales como ASCAV, que llevó el asunto al Parlamento Europeo, como por la oposición. Vox y PSOE presentan este viernes sendas enmiendas a la totalidad y Nueva Canarias, que originalmente también jugó con una posible enmienda total, lo hará a través de enmiendas parciales.
Propiedad privada y urgencia
Sobre la argumentación de Vox sobre la violación del derecho a la propiedad privada, la sentencia sobre el decreto catalán da buena cuenta de lo que el Constitucional valora al respecto: el tribunal concluye que el régimen del uso turístico de las viviendas sometido a enjuiciamiento no constituye una supresión del derecho de propiedad sobre aquellas, sino una delimitación de un aspecto concreto de su contenido, en atención a la función social del derecho, que no lo hace desaparecer ni lo convierte en irreconocible.
En cuanto a la argumentación del PSOE sobre la no concurrencia de motivos para tramitar la ley canaria de Vivienda Vacacional de forma urgente, en Cataluña el Constitucional considera que la norma "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia", por lo que se suma un argumento de peso a la cuenta de Jessica de León para rebatir a los socialistas.
Autonomía local
La sentencia sobre el decreto de Cataluña rechaza también que el régimen de licencia urbanística controvertido sea lesivo de la autonomía local. Se trata de otro varapalo para los argumentos esgrimidos en Canarias desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que pide más competencias porque, asegura, la norma entrará "en conflicto con ordenanzas municipales".
En el caso catalán, el Constitucional entiende que el decreto "incide en sentido restrictivo sobre las competencias urbanísticas municipales, pero lo hace de manera respetuosa con la autonomía local por existir justificación en la protección de intereses supralocales".
Desde el entorno de la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jessica de León se recibe con esperanza esta sentencia, pues de entiende que el Consitucional se pronuncia en la misma línea que la ley que se debate este viernes en el Parlamento de Canarias.