Diaz Guerra solicita la paralización de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias

El representante del Partido Popular explica en Atlántico Hoy por qué presenta en el Pleno de este viernes la moción contra la polémica ley que ha indignado a los sindicatos policiales

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Guillermo Díaz Guerra y una patrulla de Policía Local de La Laguna. / AH
Guillermo Díaz Guerra y una patrulla de Policía Local de La Laguna. / AH

El concejal del Partido Popular y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, presenta este viernes en el Pleno Ordinario de Santa Cruz de Tenerife una moción para solicitar la paralización del polémico Proyecto de Ley de Coordinación de Policías de Canarias.

Un texto que tiene en pie de guerra a los sindicatos policiales y que consideran “una cacicada de la FECAM” como recogió Atlántico Hoy en una entrevista con el delegado de STAP Canarias y que finalmente se movilizaron frente al Parlamento de Canarias el pasado 14 de febrero.

Dos razones

En este caso, Díaz Guerra se pone de lado de los cuerpos de seguridad municipales en cuanto a haber sido omitidos para la creación de esta nueva ley y por las velocidad con la que se está queriendo sacar adelante.

“Estamos solicitando que no se haga la ley de forma tan precipitada y que, a tres meses de disolverse el Parlamento de Canarias, consideramos que debería retirarse y retomar un nuevo texto donde se le diera a trámite a las reivindicaciones sindicales durante su elaboración”, argumenta el edil popular a Atlántico Hoy.

Comprensión con los sindicatos

De esta manera, y reconociendo que “es cierto que la ley ha sido consensuada con la FECAM”, insiste que “merece la pena no hacer una ley de manera precipitada y que hay que contar con los principales actores, que son los representantes de policías”.

Guillermo Díaz Guerra enfatiza estos dos apartados porque no quiere entrar tanto en el fondo, en el contenido de la ley, “porque eso es más materia parlamentaria respecto al articulado en sí, pero absolutamente compartimos el criterio de los sindicatos de Policía Local”, explicando que ellos han tenido que comunicarse con el Gobierno de Canarias “solo durante la fase de alegaciones en la exposición pública y participación ciudadana, pero no han sido parte activa de la confección, como sí ha sido la FECAM”.

Una ley necesaria, pero no así

En este sentido, reflexiona Díaz Guerra que si tuviera que entrar en un “análisis pormenorizado” seguro que “discreparía en parte del articulado” y reconoce la necesidad de una nueva Ley de Coordinación.

“Tiene mucho contenido de redacción afortunada, sobre todo porque está inspirada en leyes orgánicas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que está dentro del marco estatal y hay cosas que copias, pero es cierto que una norma con vocación de permanencia, como lo hacen todas las normas y con más de 20 años de antigüedad, pues debería reconsiderarse la precipitación y, sobre todo, tener en cuenta a los actores a la hora de redactarla”, reitera.

Delegados siondicales de policías locales se movilizan frente al Parlamento de Canarias contra la nueva Ley de Coordinación. / Efe
Delegados sindicales de policías locales se movilizan frente al Parlamento de Canarias contra la nueva Ley de Coordinación. / Efe

Postura del Ayuntamiento de Santa Cruz

Sobre el comunicado remitido la semana pasada de la FECAM tras las movilizaciones sindicales frente a la Cámara regional, en la que confirmaba la existencia de un consenso entre todos los municipios de Canarias, el concejal popular explica su desconocimiento sobre el posicionamiento del Ayuntamiento de Santa Cruz. “No soy el competente en materia de Seguridad y supongo que la concejal (Evelyn Alonso) dirá cuál es el posicionamiento de este ayuntamiento” durante el Pleno.

Asimismo, subraya que “como grupo político” le parece “increíble que estando Canarias con las necesidades que está, pues para dos sesiones parlamentarias que quedan, dos debates para debatir leyes, esta sea una de las que se meten con cuña pudiendo estar el Gobierno de Canarias proponiendo otras cosas que sí reúnen el beneficio de los ciudadanos y no metiendo con calzador una norma que claramente va a levantar ampollas en los protagonistas que son los prestadores del servicio”, concluye Díaz Guerra.

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