El histórico silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife, erigido en 1965 como único tipo P conservado en España y que forma parte de la Red Nacional de Silos en tiempos de posguerra, está enfrentando un vuelco tras años de aparente desinterés institucional.
Lo que empezó como aprobación para su derribo se ha transformado en una batalla patrimonial intensa en las últimas semanas.
Origen del conflicto
El proceso comenzó en septiembre de 2025, cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, con representación del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz, aprobó iniciar el expediente de derribo del silo, inactivo desde hace más de 30 años y ubicado en la dársena del Este, junto a depósitos de combustible e industrias químicas.
Según la propia Autoridad Portuaria, la decisión contó con el apoyo de todas las administraciones presentes en el Consejo. El objetivo era ganar espacio para usos portuarios en una zona tensionada y la demolición se presupuestó por 1,5 millones de euros.
Movilizaciones y presión patrimonial
En el mes de octubre - una vez conocido el inicio de los trámites y la licitación para el derribo del silo-, el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) lideró la oposición, calificando el inmueble de "hito de la arquitectura industrial moderna" y proponiendo usos como oficinas o rodajes cinematográficos, similar a reconversiones que se habían logrado en Noruega.
Además, inmediatamente, vecinos de Santa Cruz iniciaron un procedimiento de recogida de firmas en plataformas ciudadanas tipo Change.org, logrando el apoyo de más de 700 personas y activar el debate público, argumentando que el edificio no presentaba ruina estructural.
Cabildo de Tenerife
Por otra parte, en noviembre, el Cabildo de Tenerife, a través del área de Patrimonio, hizo referencia al edificio del silo dejando la decisión final, de demolerlo o no, en manos de la Autoridad Portuaria.
Además, la corporación insular mencionó en aquel momento que había remitido un oficio al organismo portuario, el 20 de octubre de 2025, solicitando evaluar los posibles valores patrimoniales bajo la Ley 16/1985 y, recordando el poco margen de actuación de la administración insular, echó mano de jurisprudencia, destacando una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 (relativa a las antiguas naves carboneras de Valleseco), que atribuía las competencias a Puertos.
Reunión entre Puertos y COA
Por otra parte, también en noviembre se celebró un encuentro entre el Colegio de Arquitectos y la Autoridad Portuaria, en el que se acordó establecer el plazo de seis meses para encontrar a alguna entidad o persona interesada en el silo antes de proceder a su demolición.
Pedro Suárez, en declaraciones a Atlántico Hoy, explicó que, por ley, su función era sacar rendimiento al Puerto y que, a pesar de haberlo intentado, no había logrado que alguien se interesara por este espacio. “Ese edificio ha estado ahí y hasta ahora nadie se había pronunciado. En este momento que estamos faltos de espacio y decidimos utilizar el terreno, todo son quejas”, comentó.
Ayuntamiento de Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz tampoco se mostró ajeno al futuro del antiguo granero. El pleno municipal de diciembre debatió una moción socialista en la que se pedía la suspensión temporal del derribo, abrir concurrencia o concesión para usos con beneficios públicos, activar una consulta y participación y crear una mesa institucional y técnica con Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife, Autoridad Portuaria, Colegio de Arquitectos y expertos.
La moción fue rechazada por el grupo de gobierno (CC y PP), con el alcalde, José Manuel Bermúdez, señalando en su alegato final que “todo es protegible, pero tenemos que establecer prioridades”, añadiendo que “proteger para dejar caer no es una opción” y concluyendo que, hasta ahora, nadie ha puesto sobre la mesa un uso viable
Gobierno de Canarias
El 13 de abril de 2026, el paso institucional lo dio el Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, instando al Ministerio de Cultura a tomar medidas urgentes ante la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble, “actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros”.
Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño “real, inmediato e irreversible” sobre un elemento clave del patrimonio industrial, en vulneración del deber de protección recogido en la Constitución.
Piden intervención estatal
El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida irreversible de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago.
Así mismo, pone de relieve que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble, señalando que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su “gran relevancia histórica y cultural”, mientras que el Cabildo de Tenerife ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración.
El Cabildo advierte
El 16 de abril de 2026, el Cabildo de Tenerife ha advertido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de que podría incurrir en responsabilidades si no facilita información sobre la situación y los valores del edificio del Silo portuario.
El consejero Presidencia, entre otras responsabilidades, José Miguel Ruano, señala que “no se puede seguir dilatando una cuestión que afecta directamente a la protección del patrimonio y a la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten sobre este edificio”.
Se paraliza la demolición
El 19 de abril el Ministerio de Cultura remite a la Autoridad Portuaria un escrito defendiendo la preservación del edificio, destacando su valor ya que se trata del único inmueble de este tipo que queda en España.
El 22 de abril, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se reúne de forma extraordinaria y acuerda suspender temporalmente el expediente de derribo del silo de grano del puerto tinerfeño tras el anuncio del Ministerio de Cultura relativo a la incoación de expediente para su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
“Atónito”
En rueda de prensa, posterior a este Consejo extraordinario, Suárez describió el aturdimiento que sentía, mostrándose “atónito” por la defensa férrea practicada por las administraciones.
Pedro Suárez reiteró el perfil negociador y transparente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y su actuación siempre conforme a la legalidad vigente, sentenciando que, en los seis consejos de administración celebrados tras el inicio del expediente de derribo, ninguno de sus miembros manifestó interés alguno por retomar y analizar el procedimiento iniciado en septiembre del año pasado.
Este pasado 23 de abril, el Ministerio de Cultura comunica que ha iniciado los trámites para declarar el silo de Santa Cruz de Tenerife como Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio industrial, máxima categoría de protección del patrimonio histórico español de acuerdo con la Ley 16/85 de 25 de junio.