El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el plazo de alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según ha informado este martes el consistorio en un comunicado. Hasta el próximo 22 de junio los ciudadanos podrán presentar reclamaciones y sugerencias
Aunque la ordenanza reguladora de la ZBE supone un nuevo paso dentro de la estrategia de movilidad sostenible, su aplicación efectiva no comenzará hasta 2029. Además, responde a la obligación legal de implantar este tipo de áreas en ciudades de más de 50.000 habitantes.
Procedimiento
El ayuntamiento explica que las alegaciones podrán formalizarse mediante la sede electrónica municipal y también en el portal específico de la Zona de Bajas Emisiones. La normativa contempla "restricciones de acceso de lunes a sábado, entre las 07:00 y las 20:00 horas, para vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y vehículos diésel anteriores al 1 de enero de 2006", apuntan.
La Zona de Bajas Emisiones estará delimitada por el perímetro interior comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. No obstante, el consistorio asegura que se contemplan numerosas exenciones para facilitar el acceso, siempre que los propietarios cumplan determinados requisitos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o la solicitud de autorizaciones gratuitas.
Actuaciones
El proyecto forma parte de un "programa integral" financiado con fondos europeos Next Generation, dotado con 12 millones de euros. Entre las actuaciones previstas, recuerdan desde el ayuntamiento, figuran también "la adquisición de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, además de mejoras en la red de movilidad personal".
De esta manera, los conductores dispondrán "de hasta 18 meses para inscribir sus vehículos en el registro municipal" y no se comenzarán a imponerse sanciones "hasta transcurridos 36 meses". La aprobación de esta ordenanza antes del 30 de junio resulta necesaria para evitar la devolución de hasta 11 millones de euros procedentes de fondos europeos.