El uso de los módulos de aparcamiento para bicicletas y patinetes instalados en Santa Cruz de Tenerife sigue bloqueado meses después de su colocación, pese a que el contrato asociado a la red de movilidad personal en el centro de la ciudad asciende a 376.647 euros.
Esta situación ha provocado un debate en la sesión de Control al Gobierno, a raíz de la comparecencia solicitada por el grupo Vox para aclarar las causas de la falta de puesta en servicio, el mantenimiento previsto y la fecha estimada de puesta en funcionamiento.
Proyecto
La concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, explicó que los módulos forman parte del proyecto de ejecución de la red de movilidad personal vinculada al antiguo carril bici, licitado en mayo de 2024 y cuyas obras comenzaron en octubre del mismo año.
Según detalló, los trabajos quedaron paralizados en junio de 2025 por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló la ordenanza de movilidad, y que el Ayuntamiento decidió no recurrir ante el Tribunal Supremo para poder “recuperar el espacio” y darle nuevos usos.
Contrato específico
Alonso afirmó que la obra se recepcionó el pasado 30 de diciembre y que, desde entonces, el Servicio de Movilidad y Seguridad Vial está recopilando un inventario detallado de los elementos instalados, con sus características técnicas, para sacar un contrato específico de mantenimiento antes de poner en marcha los aparcabicis y módulos de patinetes.
Añadió que, con motivo del Carnaval, estos dispositivos se han mantenido inutilizados “por seguridad” y para evitar un posible deterioro por un uso inadecuado durante las fiestas.
"Pérdida de dinero público"
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, cuestionó que, pese a que la recepción de la obra se produjo hace menos de dos meses, muchos módulos llevan instalados bastante más tiempo, algunos sin anclar y expuestos a la intemperie.
Además, criticó que haya unidades ya golpeadas por vehículos y advirtió de que la falta de uso y de contrato de mantenimiento transmite a los vecinos la imagen de “un cajón que está allí puesto, que no se sabe para qué sirve”, lo que facilita su deterioro y supone un riesgo de “pérdida de dinero público” tras una inversión que cifró en más de 600.000 euros.
Suspensión no justificada
Vox también discrepó de la relación que la concejala establece entre la sentencia y la imposibilidad de utilizar los módulos, al considerar que el fallo no impide que se aparquen bicicletas y patinetes, con o sin ordenanza de movilidad en vigor.
A su juicio, la suspensión de las obras del carril bici no justifica que estos elementos sigan sin uso cuando ya están instalados y pagados.
Sentencia
Desde la bancada socialista, su portavoz, Patricia Hernández, reprochó a Alonso que atribuya a la sentencia la parálisis del uso de los módulos, recordando que el fallo es “el mismo antes y ahora” y que lo único que ha cambiado es que se ha vuelto firme por la retirada del recurso de casación por parte del propio Ayuntamiento.
Sostuvo que no se puede “crear inseguridad e incertidumbre” sobre una resolución judicial ya conocida y reiteró que lo que la sentencia impide es continuar las obras del carril bici o ponerlo en uso, pero no condiciona por sí misma todos los elementos asociados.
Criterios técnicos
Alonso defendió que ha seguido en todo momento los criterios técnicos y que los servicios municipales le advirtieron de que no se podía “tocar ningún elemento” de la red ciclable mientras la situación jurídica del proyecto no quedara resuelta.
Relató que incluso se descartó mover algunos módulos que entorpecían el paso de las guaguas porque los técnicos insistieron en que no se manipulara nada vinculado al contrato del carril bici.
Temor uso incívico
La responsable de Movilidad insistió en que, una vez firme la sentencia y rescindido el contrato principal, su área trabaja en el contrato de mantenimiento específico para los módulos, paso que considera imprescindible antes de abrirlos al público.
Además, recordó que durante el Carnaval se ha prohibido el uso de patinetes eléctricos, tanto privados como de alquiler, en el cuadrilátero, y que la decisión de no activar los aparcamientos estos días responde también al temor a un uso “poco cívico” que acelere su deterioro.
Al cierre del debate, Alonso reiteró su compromiso de poner los módulos a disposición de la ciudadanía una vez completado el inventario técnico y licitado el mantenimiento, aunque admitió que la gestión se ha visto condicionada por la sentencia judicial y por las restricciones de uso durante las fiestas.