El Gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares han acordado este jueves solicitar al Ministerio de Transportes la prórroga de las ayudas estatales que permiten mantener gratuito el transporte público por carretera, una medida que califican de “éxito” por su impacto en la movilidad y la reducción del tráfico privado.
La directora general de Transportes, María Fernández, explicó tras la reunión de la Mesa Interadministrativa del Transporte que existe preocupación por que la mala gestión de los fondos ponga en peligro la continuidad del sistema gratuito, vigente desde enero de 2023. El Ejecutivo regional y los cabildos entregarán en noviembre un informe con datos sobre el número de vehículos retirados de las carreteras y otros indicadores que demuestren la eficacia de la iniciativa.
Fernández insistió en que la gratuidad ha favorecido un cambio de hábitos y una mayor cohesión social y territorial, por lo que el Gobierno autonómico considera “fundamental” su mantenimiento en 2026.
Un bono único para residentes
En el encuentro también se abordó el desarrollo del bono residente canario, un proyecto que permitirá viajar entre islas con un único abono y que seguirá adelante incluso si decae la gratuidad. El Ejecutivo regional se ha comprometido a asumir toda la inversión necesaria para que el sistema entre en fase piloto a finales de 2026.
Asimismo, la mesa interadministrativa trató la creación de una línea de financiación específica para los cabildos, destinada a poner en marcha planes insulares de movilidad sostenible, en sintonía con los programas municipales que ya existen. El Gobierno regional prevé aprobar en noviembre los fondos que permitirán a las corporaciones invertir en infraestructuras verdes y transporte eficiente.
Por último, se informó de que el anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible de Canarias continúa en fase de información pública, con la previsión de que llegue al Parlamento autonómico antes de que finalice el año.