Las comunidades autónomas asumieron en 2024 la mayor parte del gasto en atención a la dependencia, con un 72,9% del total (9.365 millones de euros, un 13,8% más que en 2023), mientras que el Estado aportó un 27,1% (3.478 millones, un 5,6% más).
En el caso de Canarias, el porcentaje fue aún mayor: el 75% del gasto recayó en la comunidad autónoma y solo el 25% vino del Gobierno central. Son datos del informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que cifra la inversión pública total en 12.843 millones de euros.
Los territorios que más aportan
Por territorios, las que menos contribuyen al gasto de dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). En el otro extremo, País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%) lideran la aportación autonómica, seguidas de Comunidad Valenciana (79,6%), Cataluña (77,4%), Cantabria (75,1%), Canarias (75%), Extremadura (74,6%), Asturias (74,2%), Murcia (73,2%), Madrid (72,8%), Castilla-La Mancha (70,1%) y Aragón (65,5%).
El informe destaca que el peso autonómico en la financiación, que había caído un 13% entre 2020 y 2023, se recuperó en 2024, aunque la Administración General del Estado redujo su porcentaje de participación hasta el 27% (un 1,5% menos).
Inversión por dependiente
En cuanto a inversión por dependiente, el gasto medio anual es de 8.592 euros, de los que el Gobierno central aporta 2.327 euros y las comunidades, 6.267 euros. Las regiones que más invierten por persona potencialmente dependiente son País Vasco (2.845 euros), Extremadura (2.779) y Navarra (2.474), y las que menos, Galicia (1.317), Canarias (1.339) y Murcia (1.667).
Por persona beneficiaria, el País Vasco alcanza los 13.554 euros anuales, el doble que Andalucía (7.173). Y por habitante, las cifras más altas están en País Vasco (432 euros), Extremadura (399) y Navarra (372), mientras que Canarias (158), Murcia (214) y Galicia (235) son las que menos invierten.
Además, nueve comunidades —entre ellas Canarias— pierden financiación en la distribución de los 783 millones del Nivel Acordado previsto para 2025. Todo ello coincide con el anuncio del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para ampliar derechos, agilizar trámites y enviar el proyecto al Parlamento.