La diputada del Común, Lola Padrón, ha denunciado que los actuales mecanismos de acceso a la vivienda pública en Canarias están contribuyendo a agravar situaciones de emergencia habitacional, al no estar diseñados para dar respuesta a la realidad social de muchas familias que se encuentran en una situación límite.
Según las valoraciones de la Diputación del Común, la vivienda se ha consolidado como el principal problema social del Archipiélago y como la causa más habitual de las quejas que llegan a la institución.
Procedimientos que agravan la emergencia
Estas cuestiones fueron abordadas en una reunión de trabajo con responsables del Instituto Canario de la Vivienda, en la que se analizaron las dificultades de las personas demandantes de vivienda pública, especialmente en lo relativo al registro de solicitantes y a la capacidad de respuesta del organismo en plazos razonables.
En el transcurso del encuentro se presentó el nuevo decreto destinado a agilizar la inscripción en el registro de demandantes, una medida que la diputada del Común valora como un avance, aunque considera imprescindible reforzar los recursos técnicos y administrativos, dado que la demanda supera la capacidad actual de respuesta.
La vivienda, principal foco de reclamaciones
Las reclamaciones ponen de relieve obstáculos estructurales para acceder a una vivienda, deficiencias en la gestión del alquiler, carencias en el parque público y contextos de vulnerabilidad habitacional que requieren una actuación urgente por parte de las administraciones.
Padrón ha advertido de que la complejidad de los trámites, la gestión predominantemente digital y la exigencia de mantener actualizada la documentación están dejando fuera del sistema a personas sin recursos, personas mayores, hogares monoparentales y ciudadanos sin apoyo administrativo, intensificando problemas que ya eran graves.
Refuerzo de recursos y medidas estructurales
“El problema de la vivienda es hoy el principal problema de Canarias”, ha señalado Lola Padrón, destacando que las quejas recibidas reflejan situaciones extremadamente graves de familias que viven en una auténtica emergencia habitacional y que necesitan respuestas rápidas y eficaces. En este sentido, subrayó que muchos de estos casos no pueden quedar bloqueados por la burocracia.
La Diputación del Común ha reiterado la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan ampliar el parque de vivienda disponible, avanzar en el registro de viviendas vacías y adoptar medidas para frenar el aumento del precio del alquiler. Aunque se valora positivamente que las nuevas promociones incluyan alquiler social, se advierte de que estas iniciativas siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema habitacional en Canarias.