El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su intención de bonificar hasta el 100% del IRPF para los propietarios que bajen o al menos no suban el precio del alquiler al renovar contratos no ha tenido buena acogida y ha provocado fricciones tanto dentro del Ejecutivo como entre sus socios parlamentarios.
Tampoco es una medida del agrado de los inquilinos. Víctor Martín, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, considera que la iniciativa no tendrá efectos reales sobre el mercado del alquiler. "Consideramos que es un brindis al sol. Como siempre el apoyo del gobierno a la contención de los precios del alquiler no se hace sobre la demanda sino sobre la oferta", señala.
40 millones de subvención
Martín sostiene que la medida supone una transferencia de recursos públicos a los propietarios. "Esto es una subvención encubierta a los propietarios con el dinero de todos los españoles, también en Canarias, donde el problema de la vivienda es sustancial", afirma. La vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz, coincide al considerar que "regalar dinero público a los rentistas es un grave error".
Según los cálculos del sindicato, si los propietarios se acogieran a esta medida, la bonificación podría suponer “una subvención a los caseros en el Estado español de unos 250 millones de euros y en el caso de Canarias en torno a los 40 millones de euros”, coincidiendo con la renovación de contratos que alcanzan los cinco años desde su firma tras la pandemia.
4% frente al 10%
Pero el portavoz duda de que los caseros quieran cambiar una posible subida de los ingresos por el alquiler por una bonificación fiscal: "El IRPF está en torno al 4%, mientras que los alquileres todavía el año pasado crecieron un 10%”, explica, por lo que, a su juicio, "los propietarios van a decir que prefieren seguir acomodándose al mercado que acogerse a medidas de este tipo".
Desde el sindicato advierten de que el problema no es solo frenar las subidas, sino el nivel actual de los precios. "El problema no es que ya los precios se estanquen, es que no se puede pagar esos precios", sostiene Martín, que denuncia una crisis habitacional “como nunca había habido en el Estado”.
El representante del sindicato critica también que, mientras se alivian cargas fiscales a los propietarios, "se recarga de impuestos a la clase trabajadora y a la pequeña y mediana empresa, que sí produce para lo que es la riqueza del Estado", mientras que los caseros, dice, "no aportan nada a la producción nacional".
Viviendas desocupadas
"No va a haber contención de de los precios hasta que no se cumpla lo que propone en parte la Ley de vivienda, que no se ha aplicado ninguna comunidad, y hasta que el Estado haga una política de de creación de vivienda pública, no con nuevas construcciones, sino también con las viviendas que ya existen y están desocupadas", afirma el portavoz.
El sindicato también se muestra escéptico ante las medidas anunciadas sobre los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones. "El Estado no tiene capacidad ni las comunidades autónomas para inspeccionar todos los contratos que se están firmando", afirma, y advierte de que estas fórmulas "favorecen a los caseros, que cada año pueden aumentar el precio de la vivienda acorde con los precios del mercado".