Esto es lo que puede aprender Andalucía (y España) de Canarias para paliar su crisis de sequía

Andalucía afronta su cuarto decreto de sequía y ha anunciado el refuerzo de las desaladoras, materia en la que Canarias es pionera en España

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la desaladora de Santa Cruz de Tenerife./ MONTAJE AH
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la desaladora de Santa Cruz de Tenerife./ MONTAJE AH

La sequía y la desertificación producidas por el cambio climático avanzan imparables en todas las regiones de España. En Canarias, según un estudio de la revista npj Climate and Atmospheric Science, las sequías serán considerablemente más largas y severas a finales de este siglo. 

Los estudios apuntan en la misma dirección en la Península, que será una de las regiones más afectadas de Europa por sequías extremas. Recientemente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el próximo 29 de enero se aprobará el cuarto decreto de sequía con una inversión de 200 millones de euros, que incluye la puesta en marcha de obras con carácter inmediato en las zonas con una situación más extrema, el refuerzo de las desaladoras con ampliaciones de éstas o con infraestructuras portátiles, o trabajos de recuperación en puertos y presas para el aprovechamiento de agua, entre otras medidas.

La situación de sequía en Andalucía es crítica. Moreno anunció este jueves cortes generalizados en el consumo de agua para este verano en tres de las ocho capitales andaluzas: Sevilla, Córdoba y Málaga, a no ser que haya “30 días de lluvia continuada como mínimo”. En este contexto de emergencia, es mucho lo que Andalucía puede aprender de la experiencia de Canarias como Comunidad Autónoma costera, pionera en el uso de desaladoras para abastecer de agua a su población y sus campos.

Historia de desalación en Canarias

La primera planta desaladora de agua de mar de España se instaló en Lanzarote en 1964 y producía 2.500 metros cúbicos al día de agua potable, según señala la fundación Aquae. Actualmente, Canarias cuenta con 281 plantas desaladoras en la provincia de Las Palmas y 46 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Canarias suma 327 de las 765 plantas desaladoras que hay en España, lo que hace el 43,2% del total. Esto sucede porque el Archipiélago sufre un estrés hídrico crónico, especialmente en sus islas orientales. En Fuerteventura y Lanzarote más del 80% del agua de consumo proviene del mar.

Estrés hídrico creciente

Este estrés hídrico existe también -y es cada vez mayor- en Baleares y en el litoral mediterráneo, que abarca la mayor parte de la costa andaluza. Eso, sumado a la desertificación de su interior y a la subida de las temperaturas, es una bomba de relojería para la sostenibilidad hídrica de la región.

Pero desalar agua del mar tiene un gran problema: es muy costoso. 

Muy caro

En 2014, durante la celebración del III Congreso Internacional de Gestión Hídrica y Planificación Estratégica del Territorio los expertos ya apuntaron que el metro cúbico de agua desalada costaba hasta seis veces más de producirse que mediante otros métodos de obtención de agua para el consumo. En 2023, la desalación continúa siendo muy cara -ahora mismo, en una planta mediana en Canarias para producir un metro cúbico de agua se necesitan entre 2 y 2,2 kilovatios/hora-, pero el tiempo se agota.

"Es un proceso muy costoso por los filtros que requiere, ya sea por ósmosis o ultrafiltración. Suele hacerse en casos de sequía importante", explica Guillermo Cornejo Atlántico Hoy, ingeniero y técnico medioambiental consultado. El espacio físico que necesita una planta desaladora y sus requerimientos legales también condicionan la construcción de las mismas.

¿Cómo funciona una desaladora?

Las desaladoras son muy grandes y suelen situarse junto con depuradoras para optimizar el espacio. El problema es que también tienen vertidos y hay que controlar cómo vuelven al mar. Cornejo explica a este medio que, tras el proceso de desalación, el agua resultante queda en dos caudales: uno dulce -el que sería para consumo- y otro con un exceso de sal conocido como "salmuera".

Este caudal de salmuera es el que no puede verterse al mar a la ligera. Para no contaminar la costa, debe verterse en un pozo a cientos de metros al interior o salir por una tubería pero filtrado por un difusor. Por ejemplo, la desaladora del Llobregat, en Barcelona, la más grande de Cataluña y que abastece a aproximadamente dos millones de usuarios equivalentes, vierte su salmuera a tres kilómetros de la costa y a 60 metros de profundidad.

España refuerza su apuesta por las desaladoras

"Desalar agua es una alternativa a evitar, tanto porque es muy costoso como porque hay que tratar la salmuera para cumplir la legislación", zanja Cornejo. Pero desde hace años se sabe que no queda otra opción. El año pasado se previó una inversión de más de 300 millones de euros para aumentar la capacidad de desalación en el levante español, además de haber planes de ampliación de desaladoras en otros territorios.

En el caso de Andalucía, el decreto anunciado por Moreno prevé ampliar la capacidad de la desaladora de la Costa del Sol hasta los 20 hm3 a través de desaladoras portátiles o sistemas alternativos, mejoras de abastecimiento en La Axarquía con la ETAP del Trapiche, sondeos en zonas como Fuengirola o el canal de Guadarranque o la recuperación de tomas de agua en los puertos de Algeciras o Carboneras para facilitar la llegada de barcos con agua en caso de necesidad.

Entre la espada y la pared

España, de por sí, es el país de la Unión Europea que más agua desala a día de hoy, siempre con Canarias como avanzadilla. No es casualidad que la primera desaladora del país se construyese en Lanzarote, como se ha mencionado, ni que el consumo de agua desalada de las islas orientales del Archipiélago sea considerablemente superior a la media española.

Entre la espada y la pared están las administraciones españolas con el agua porque, a día de hoy, la alternativa de desalar se hace a pérdidas casi inevitablemente. El ejemplo claro es Santa Cruz de Tenerife, donde en 2021 se produjeron 9.853 millones de litros de agua con la desaladora -2.000 millones de litros de agua anuales más que en 2019, suponiendo el 62% del agua potable producida en la ciudad-, pero se registraron pérdidas económicas de 3,3 millones de euros por parte de Emmasa -la empresa pública de aguas- entre 2018 y 2021 porque gastó más en todos los procesos de depuración que lo que obtuvo vendiendo el agua para el consumo.