La Dependencia en Canarias es una de las grandes asignaturas pendientes en materia de gestión. El problema, señalado con frecuencia por parte de quienes lo sufren, ha sido admitido incluso desde el Gobierno regional. En una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de Vox Paula Jover el pasado 12 de marzo, el Ejecutivo reconoció que, a pesar de los avances, queda trabajo por hacer para que el acceso sea más ágil.
Las cifras hablan por sí solas. A 31 de diciembre de 2024 eran 5.947 los canarios que, aunque cuentan con una resolución favorable, llevaban seis meses o más esperando que se hiciera efectiva (el 77,3% del total). Pero la cosa no queda ahí porque son muchos quienes se quedan fuera del sistema debido a la falta de personal que sufre la Dirección General de Dependencia: solo tres personas registran las solicitudes de todo el Archipiélago.
Número de solicitudes
Emma Colao, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que el pasado mes de marzo la mitad de las peticiones para reconocer la Dependencia en las Islas se quedaron sin grabarse debido a que la plantilla es escasa según datos del IMSERSO. Comenta que, de media, entran 1.200 solicitudes de las que solo se registran 600 —alrededor de 200 por cada trabajador—.
Resalta que los tres empleados están desempeñando bien su labor, pero son insuficientes debido al alto volumen de trabajo que enfrentan. Merece la pena resaltar que sus palabras se producen unos días antes de que el Gobierno autonómico aprobara —este lunes— un decreto que permitirá simplificar las trámites y la reducción de los tiempos de espera. Un movimiento que evidencia la dificultad que enfrenta el Archipiélago.
Ajustar la oferta
Sin ir más lejos, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, puso sobre la mesa que el esfuerzo realizado hasta el momento para disminuir el tiempo en más de un 30% no ha bastado. En la respuesta parlamentaria, su área señalaba también que tampoco se había hecho todo lo suficiente “para ajustar la oferta de servicios a las preferencias y necesidades de los ciudadanos”.
“Es esencial seguir aumentando la oferta de servicios públicos, simplificar los trámites y mejorar la comunicación con los usuarios para que puedan ejercer su derecho de manera efectiva y en el menor tiempo posible”, afirmaba. Las personas que cuentan con una mayor proporción en resoluciones de PIA son las mayores de 80 años, lo que “refleja el envejecimiento poblacional de Canarias”.
Insuficiencia de plazas
Un dato curioso es que el 55,59% de los beneficiarios están en el tramo de edad más envejecido. Para el Gobierno, esto “resalta la necesidad de plazas públicas en residencias y centros de día”. Además, expone que existe “una insuficiencia de plazas residenciales o centros de día públicos en comparación con la demanda existente”. “Aunque se reconozca el derecho, no siempre hay disponibilidad inmediata en el lugar deseado”, añade.
Colao subraya que, al centrarse en los PIA, queda en el olvido el nuevo contrato programa que anunció el Ejecutivo. “Falta el 50% de las trabajadoras sociales, la Consejería sigue sin trabajar para que salga adelante el personal”, sostiene. “Le falta el personal técnico, de administración, el jurídico y solo tienen tres personas para grabar prestaciones en toda la Comunidad Autónoma”, apostilla.
"Importantes listas de espera"
“Todavía en abril siguen sin llegar las 103 personas a la Dirección General [que prometieron]. Así que la pregunta es: ¿qué está haciendo y qué ha hecho la consejera para que esto no se produzca?”, reflexiona. El área de Candelaria Delgado, en el documento parlamentario, señala a las empresas porque, dice, a veces no hay suficientes compañías acreditadas para el servicio de promoción de la autonomía personal.
En el caso de las listas de espera, apunta que la principal causa del problema es la ausencia de plazas “que como sabemos genera importantes listas de espera”. Desde el punto de vista económico indica que la prestación recibida por el usuario es insuficiente para atender a los precios que exigen el mercado, de manera que lo tendría que poner de su bolsillo.
Rechazos voluntarios
El documento expone que Canarias, pese a todo, tiene el 94,27% de efectividad. “Los motivos imputables a la Administración son mínimos (0,13%), lo que indica un buen funcionamiento administrativo en general”, prosigue. Como ejemplo detalla que puede darse un rechazo voluntario del servicio o de la prestación económica; un cambio de situación personal; o falta de documentación.
Por su parte, la presidenta del ODESOCAN va más allá y recuerda que hay tres listas de espera: “Desde que se solicita hasta que responden; desde responden hasta resuelven y desde que resuelven hasta que lo conceden de verdad”. “¿Dónde está el personal estructural de una Dirección General que continuará recibiendo solicitudes?”, se vuelve a preguntar.
Sacar adelante la RPT
“Yo puedo entender que para la administración política sea muy importante tener un titular, pero es que el único titular que sigue atesorando este Gobierno de Canarias es que fracasa estrepitosamente en la aplicación de los derechos de la ciudadanía en términos de dependencia”, exclama.
“Podemos decir abiertamente que nos importa muchísimo cuidar de la gente, pero en términos prácticos están cuidando menos, están cuidando peor y no porque la Dirección General esté ostentada por una mala persona; sino porque la Consejería no está peleando para que salga adelante una RPT con el personal suficiente”, protesta.
Demoras en la evaluación
Resulta llamativo que el propio Gobierno reconoce también que “la tramitación de los expedientes y la asignación de prestaciones puede sufrir retrasos debido a la falta de personal especializado en los equipos que gestionan los servicios de dependencia”. “Esto incluye demoras en la evaluación del grado de dependencia o en la gestión de los convenios con entidades prestadoras de servicios”, agrega.
“Desde luego la Dirección General de Dependencia es la primera interesada en que el largo procedimiento que ha instruido y ha concluido con una resolución de PIA, concluya con la efectiva prestación del servicio. Solo así cobra sentido todo el trabajo realizado y se recibe del IMSERSO la correspondiente financiación del sistema”, dice.