Greenpeace ha incluido el proyecto turístico Cuna del Alma, en el municipio de Adeje (Tenerife, Canarias), entre los 12 casos que, a su juicio, ejemplifican cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad en España “y las administraciones lo permiten”.

Así lo recoge el informe Los otros Altri, presentado por la organización ecologista, que agrupa proyectos de distintos sectores —turismo, energía, minería, ganadería, cultura o infraestructuras— bajo un mismo patrón: actuaciones de gran impacto ambiental y social avaladas por las instituciones.

Un modelo de “desarrollo insostenible”

Los casos seleccionados muestran “una grave crisis de biodiversidad”, agravada por la permisividad de las administraciones públicas. Según el documento, “España alberga una riqueza biológica extraordinaria, pero entre el 12 % y el 14 % de sus especies están amenazadas”, y denuncia que muchos espacios protegidos son “parques de papel”.

El informe describe la existencia de “proyectos destructivos que se abren camino en el marco de una débil aplicación de la normativa ambiental” y señala la utilización de estrategias como el “greenwashing”, la fragmentación de proyectos o la búsqueda de subvenciones públicas bajo un discurso de sostenibilidad.

El caso de Cuna del Alma

En el apartado dedicado a Canarias, Greenpeace detalla que el proyecto Cuna del Alma consiste en la construcción de “420 viviendas de lujo en Adeje, en la isla de Tenerife: villas y apartamentos, además de infraestructuras como restaurantes, spa, club infantil y una granja de 20.000 m², incrementando la capacidad turística de la zona en más de 3.000 plazas”. La actuación ocupa más de 400.000 m² en una zona costera de El Puertito de Adeje y, según la organización, “pone en franco peligro una Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 y a varias especies amenazadas”.

Greenpeace identifica como promotores a la empresa Segunda Casa Adeje S.L., respaldada por “dos familias inversoras belgas: Vandermarliere y van Biervliet”. La inversión total estimada asciende a 350 millones de euros. El informe sostiene que el proyecto cuenta con “el beneplácito del Ayuntamiento de Adeje”, que ha otorgado las licencias urbanísticas, y con “una postura oficial favorable del Cabildo de Tenerife”. Aunque no se han encontrado ayudas públicas directas, Greenpeace afirma que ha habido “muchas facilidades administrativas”.

Protestas

El texto recuerda que la obra “obtuvo la licencia de obras municipal en septiembre de 2024” y que los trabajos se reanudaron “tras el levantamiento de medidas cautelares por haber empezado las obras sin una evaluación de impacto ambiental”, a pesar de “la persistencia de protestas y procesos legales abiertos por daños ecológicos y arqueológicos”.

Los motivos del rechazo se estructuran en tres planos. En el ecológico, la organización advierte de la afección a “especies amenazadas, como la viborina triste (Echium triste), una planta de protección especial en Canarias”, y de impactos sobre “ecosistemas costeros y marinos protegidos”, así como de “la fragmentación del territorio”.

Contaminación y alteración de recursos marinos

En el plano ambiental general, señala “contaminación y alteración de recursos marinos debido a la construcción y operación del complejo”, “riesgo de vertidos y emisiones” y “sobreexplotación de recursos locales, como el agua”. En el social y cultural, denuncia el desplazamiento de “actividades económicas locales tradicionales, como la pesca artesanal y la agricultura”, además de la posible destrucción de “yacimientos arqueológicos de la cultura guanche”.

Para Greenpeace, Cuna del Alma es “un ejemplo más que palpable de la complicidad de las administraciones con un modelo de desarrollo turístico insostenible e injusto socialmente, que se debería evitar a toda costa”.

Los otros 11 proyectos

El informe sitúa el caso tinerfeño junto a otros 11 ejemplos en todo el país. En el ámbito cultural, figura la ampliación del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Bizkaia, con “riesgo real de impacto sobre un espacio muy sensible a la presencia humana”. En el sector ganadero, la organización señala la ampliación de la macrogranja Valle de Odieta, en Caparroso (Navarra), por la contaminación de acuíferos en una zona “declarada vulnerable a nitratos”.

En energía, se incluyen el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana (Huelva), que Greenpeace considera “una apuesta por combustibles fósiles con elevadas afectaciones potenciales a la biodiversidad”, y el clúster eólico del Maestrazgo, en Teruel, donde alerta de riesgos para “hábitats prioritarios” y especies como el quebrantahuesos.

El bloque minero recoge la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), con “vertidos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio”, y la mina de magnesitas en Erdiz (Navarra), que afectaría a la ZEC Monte Alduide y a “pastos comunales de los que dependen ochenta familias ganaderas”.

En movilidad, Greenpeace critica la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que afectaría a los humedales de La Ricarda y El Remolar, espacios incluidos en la Red Natura 2000. En el sector forestal y papelero, se menciona el complejo de Altri en A Ulloa (Lugo), con un consumo estimado de “46 millones de litros de agua diarios” y vertidos de “30 millones” al río Ulla y la ría de Arousa.

El bloque turístico, además de Cuna del Alma, incluye el restaurante y glamping proyectado en la playa de Bolonia (Cádiz), dentro del Parque Natural del Estrecho; la unión de estaciones de esquí en Canal Roya (Aragón), con impacto sobre la ZEPA Alto Gállego y el LIC Anayet-Partacua; y el hotel de lujo previsto en la playa de los Genoveses, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El enfoque común

En todos los casos, Greenpeace sostiene que las actuaciones analizadas comparten un mismo modelo de “desarrollo insostenible” y de “expolio de recursos naturales bajo el discurso de la sostenibilidad”.

El informe denuncia que “las administraciones públicas actúan como cómplices”, y reclama una revisión urgente de los procedimientos de evaluación ambiental y una aplicación efectiva de la normativa europea de protección de la biodiversidad.