La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acordado la libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros para el empresario libanés investigado en Tenerife Mohamed Derbah, inicialmente en prisión preventiva desde el pasado 1 de mayo por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental, según consta en el auto fechado el 29 de mayo de 2025.
El tribunal estima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del empresario y deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que “la posibilidad de huida por su parte se ha mitigado bastante”, dada su “residencia de más de 30 años en Tenerife, donde viven su esposa e hijos, así como su actividad laboral como autónomo y arraigo empresarial en la isla”.
Valoración del riesgo y condiciones de la libertad
El auto señala que en el momento de su detención, el investigado fue interceptado por la Guardia Civil de Tráfico mientras cometía una infracción, portando “19.543 € y 1.180 liras turcas, además de varios pasaportes, cartas de identidad de Senegal y tarjetas de Consejero Especial del Primer Ministro de Guinea Bissau”. Estos hechos, junto con la gravedad de los delitos atribuidos, fundamentaron inicialmente la medida de prisión preventiva.
No obstante, el tribunal considera que el “transcurso del tiempo” y el avance de la instrucción “va disminuyendo el peligro de fuga”, y recuerda que, según doctrina del Tribunal Constitucional y el TEDH, estas medidas deben ser “excepcionales, subsidiarias y proporcionadas”.
Además, subraya que no se ha incautado una “gran cantidad de droga que haga suponer que venía dedicándose a traficar con ella a gran escala”, y que el riesgo de obstaculizar la investigación también se ha reducido, ya que “la mayor parte de las diligencias instructoras se habían realizado” y el análisis pendiente de los teléfonos móviles intervenidos es “una diligencia en la que, por razones obvias, el recurrente no puede interferir”.
Medidas cautelares impuestas
El tribunal condiciona la libertad provisional del investigado al cumplimiento de varias medidas cautelares: además del pago de la fianza de 100.000 euros, deberá comparecer cada miércoles ante el órgano instructor, entregar todos sus pasaportes, y no podrá salir de la isla de Tenerife.
El auto advierte expresamente que “el incumplimiento de cualquiera de estas medidas llevará aparejada que se pueda decretar su inmediata detención para revisar su situación personal”.
La resolución concluye ordenando que se comunique el auto al juzgado de procedencia para su “ejecución y cumplimiento inmediato” y declara de oficio las costas del recurso de apelación.