El Servicio Canario de Salud (SCS) cuenta apenas con 40 logopedas para una población de más de dos millones de habitantes, como así lo indica Susana Nieto, presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias.
Además, Nieto insiste en que se sepa que, en la mayor parte de los casos, las funciones de un logopeda son ejercidas por profesionales no cualificados, lo cual puede derivar en situaciones irreversibles.
¿Qué es un logopeda?
Insiste la presidenta en reseñar que existe un gran desconocimiento social sobre la figura del logopeda, sus funciones y el impacto de su profesión en el desarrollo evolutivo tanto en el caso de la población infanctojuvenil como en una población de edad madura o avanzada.
“Un logopeda es un profesional sanitario fundamental y la logopedia es una disciplina sanitaria, regulada legalmente, cuya práctica profesional está dirigida al diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y funciones orales no verbales como la deglución”, apunta
Más compromiso desde la Administración
Denuncian desde el Colegio Profesional que la labor del logopeda no cuenta con el respaldo pertinente por la ausencia de la regulación efectiva, por la facilidad con la que otros profesionales ejercen como “logopedas” y por la casi total ausencia de este profesional en servicios públicos esenciales como en educación y sanidad.
Además, alertan que en el ámbito educativo son muchas las familias que creen que sus hijos e hijas están recibiendo, según sus necesidades, la asistencia de un logopeda, cuando en realidad son atendidos “por un logopeda escolar”, o sea, un maestro de Audición y Lenguaje, al que llegan después de que “en el SCS o unidades de atención temprana se les haya dado el alta precipitadamente siendo derivados al logopeda escolar”.
Desarrollo evolutivo comprometido
“Derivan a menores a partir de los tres años, asumiendo que en la escuela recibirán atención logopédica, cuando no es cierto”, matiza Nieto, concluyendo que con estas actuaciones se compromete el desarrollo y bienestar de los menores.
Situación similar ocurre con las derivaciones que se realizan desde hospitales públicos a “logopeda escolar”, figura que no existe, “en lugar de hacerlo a la red privada, donde sí contamos con 300 colegiados y un número que aún desconocemos de logopedas no colegiados”.
Listas de espera
Las listas de espera para ser atendido por un logopeda alcanzan aproximadamente dos años, un plazo inaceptable tanto para los menores como para los adultos con patologías neurológicas u oncológicas. En estos casos, la intervención logopédica es urgente para recuperar funciones vitales como la alimentación, la comunicación o la respiración.
Destacan, además, que “en los hospitales los tiempos de intervención son escasos y no adaptados a la complejidad del paciente”, quienes, en el caso de no poder tragar sin riesgos o no poder volver a comunicarse, no están ante un caso de rehabilitación sino que está en juego su autonomia y, en algunos casos, hasta su vida.
Ámbito sociosanitario
La figura del logopeda, como personal sanitario, tampoco está presente ni en la Ley de Dependencia ni en los centros donde se atiende a personas mayores o con discapacidad. En muchos casos las familias que aceptan el Plan Individual de Atención (PIA) podrían tener la falsa percepción de contar con un logopeda, pero no es así.
Cuando se hace referencia a mayores, discapacidad y dependencia es imposible no mencionar la disfagia, una enfermedad que deriva en problemas para tragar. La disfagia no diagnosticada puede conducir a la morbilidad y a la mortalidad del paciente.
Exigencias
Teniendo en cuenta la urgencia y necesidad de contar con profesionales de logopedia cualificados, desde el Colegio insisten en que es deber de la Administración pública dotar a los centros de este profesional de la salud.
“La falta de control institucional es un gran problema”, señalan, por lo que exigen lanzar campañas de sensibilización, aumentar la dotación de profesionales en centros de salud y mayores, eliminar el uso erróneo del término “logopeda” y obligar a la colegiación, lo que facilita contar con un censo de profesionales.
Por otra parte, apuntan, que desde el Colegio se exige que se cumplan los derechos fundamentales de la ciudadanía que se basan en recibir información precisa, diagnóstico adecuado, un tratamiento eficaz y atención por parte de profesionales cualificados