Lo que comenzó como una medida excepcional se ha convertido en la regla. Canarias acoge hoy a miles de menores migrantes no acompañados en condiciones que Amnistía Internacional calificó de alarmantes. 

En su informe A día de hoy no tengo nada, presentado en el Parlamento de Canarias recientemente, la organización denuncia la normalización de los macrocentros, el hacinamiento, la falta de personal cualificado y los graves déficits en la protección de estos niños y niñas.

Centros de emergencia

La situación tiene su origen en el Decreto Ley 23/2020 del Gobierno canario, por el que se modifica la atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados. 

Lo que debía ser una medida temporal se consolidó: hoy existen 82 centros de primera acogida o emergencia para menores, algunos con más de 200 residentes. En la práctica, la mayoría de ellos superan su capacidad máxima.

Masificación

Uno de los centros visitados por Amnistía en El Hierro, concebido para 150 menores, llegó a albergar a 250. Otro, en Tenerife, diseñado para 215, acogía a más de 400. Y no se trata de estancias breves: muchos jóvenes pasan más de un año en centros que deberían ser solo de emergencia.

Estos macrocentros no solo dificultan una atención individualizada, sino que, según testimonios recogidos, impiden incluso detectar a menores con necesidades específicas o con traumas. “No se pueden crear hogares, ni hacer seguimiento educativo, ni detectar problemas de salud mental con estos números”, admitió un responsable del sistema de protección.

Personal no cualificado

El problema se agrava por la contratación de personal sin formación adecuada.  La preocupación por el hecho de que los centros contratasen personal con escasa preparación como educadores fue señalada, entre otras, por la Fiscal autonómica de Trata de personas y Extranjería de Las Palmas, que lamentó que en algunos casos se acudía a contratar a “porteros de discotecas”.

La Fiscal insistió en la necesidad de contratar personal con la formación adecuada para trabajar con la infancia no acompañada, y anunció la intención de mejorar el sistema de inspección de estos centros, y de que garantizase el derecho de los y de las menores a la documentación y a la escolarización. Por otro lado, las inspecciones oficiales son mínimas: entre 2020 y 2024, sólo se visitaron 27 centros. En 2023, apenas cuatro fueron inspeccionados.

Malos tratos

Amnistía también documenta denuncias de violencia dentro de estos centros: malos tratos, castigos excesivos, represalias como la retirada de comida o teléfonos, y represalias contra menores que intentan denunciar. Un director confirmó la apertura de una investigación judicial contra uno de sus trabajadores por agredir a un menor.

Los mecanismos de denuncia tampoco funcionan como deberían. Aunque existen buzones de quejas y teléfonos de contacto, la supervisión de estos canales suele quedar en manos del propio centro, lo que genera desconfianza. Extrabajadores afirmaron haber visto cómo se presionaba a menores para que no denunciaran, y se les confiscaban los móviles si grababan situaciones violentas.

Falta de inspecciones

El informe señala que la falta de inspección y supervisión convierte estos espacios en entornos donde los abusos pueden proliferar sin consecuencias. “Hay chicos que son castigados sin documentación, sin escolarización o sin permisos de salida por ‘mala conducta’”, reveló una trabajadora.

La situación descrita no es la de un sistema desbordado por una emergencia inesperada. Es la de un modelo que ha dejado de ser provisional para convertirse en estructural. Y con ello, como advierte Amnistía, se está vulnerando de forma sistemática el interés superior del menor, principio rector del derecho internacional de infancia.