Una fecha marca un antes y un después en la vida de miles de niños y niñas migrantes no acompañados en Canarias: el día que cumplen 18 años. Lo que debería ser un paso hacia la autonomía se convierte, en muchos casos, en una sentencia de exclusión.
Así lo denuncia el informe de Amnistía Internacional, detallado en el Parlamento de Canarias en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. A día de hoy no tengo nada, como así se denomina el informe, certifica cómo la falta de documentación legal deja a muchos jóvenes en situación administrativa irregular al alcanzar la mayoría de edad.
Mayoría de edad
El informe pone rostro y voz a una tragedia estructural. El caso de Amil (nombre ficticio), joven marroquí que llegó con 17 años, es paradigmático. Al cumplir 18, fue expulsado del centro de menores donde vivía. "Solo me dieron el pasaporte. No tenía dónde ir", relató.
Vivió unos meses en el campamento Canarias 50 gracias a la ayuda de una parroquia, pero cuando intentó gestionar su residencia en la comisaría, la respuesta fue devastadora: la solicitud fue denegada por presentarse fuera de plazo.
No son casos aislados
El informe indica que esta situación no es aislada. El problema radica en una cadena de retrasos administrativos y falta de acción por parte de las autoridades responsables. La documentación no solo llega tarde; en muchos casos, no llega nunca.
La burocracia, las diferencias de criterio entre provincias y la escasez de recursos humanos hacen que la protección legal llegue demasiado tarde para muchos.
Casos reales
El testimonio de Oumar, joven maliense, refuerza este diagnóstico. Llegó con 15 años huyendo del conflicto en su país. Pasó por cuatro centros en tres años. Al cumplir los 18, se quedó sin papeles. "Solo tengo una tarjeta como solicitante de asilo. No tengo trabajo. Vivo de la ayuda de amigos", contó a los investigadores.
Su historia muestra que el problema no es solo la falta de residencia, sino también la falta de alternativas y apoyos reales para la transición a la vida adulta.
Con las niñas, peor
La situación se agrava aún más para las niñas migrantes, muchas de las cuales llegan con traumas previos como violencia sexual o mutilación genital.
Al llegar a los 18 años sin documentación ni red de apoyo, su riesgo de explotación aumenta drásticamente.
Legislación
La legislación española establece que los menores bajo tutela deben recibir una autorización de residencia y que esta debe tramitarse antes de que alcancen la mayoría de edad.
Amnistía Internacional denuncia que el Estado incumple de forma sistemática esta obligación. El coste humano de esta negligencia es altísimo: jóvenes que podrían integrarse acaban sumidos en la irregularidad, sin acceso a educación, empleo ni salud.
Nada de nada
El título del informe, A día de hoy no tengo nada, cobra aquí su sentido más literal y desgarrador. Lo pronunció Seydou, otro joven maliense, cuatro años después de su llegada.
"Nunca me informaron de que podía pedir asilo, cuando llegué me llevaron a un centro de emergencia para inmigrantes, donde estuve un mes. Luego, cuando me hicieron las pruebas de determinación de la edad, vieron que tenía solo 15 años y me llevaron a un centro de menores, estuve yendo al colegio pero tuve que dejarlo cuando estaba a punto de sacarme la ESO, por cumplir la mayoría de edad... Me dijeron que no me preocupara, pero a día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada". Su testimonio no es una excepción.