Entre los miles de menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias en los últimos años, hay una minoría aún más vulnerable: las niñas. Según el informe de Amnistía Internacional A día de hoy no tengo nada, publicado en marzo de 2025 pero presentado este viernes al Parlamento de Canarias, apenas un 6% de los menores tutelados en las islas eran niñas. A noviembre de 2024, se contabilizaban 312 niñas frente a más de 5.000 niños. Pero esta desproporción no ha evitado que sus necesidades específicas hayan sido gravemente desatendidas.
El informe recoge testimonios de trabajadoras sociales, fiscales y responsables de centros que alertan sobre la falta de mecanismos específicos para proteger a niñas que han sido víctimas de violencias graves, como abuso sexual, trata o mutilación genital femenina. La respuesta institucional a estos casos ha sido, según el documento, insuficiente, descoordinada y en ocasiones inexistente.
Sin plazas específicas
Uno de los principales problemas señalados por Amnistía es la falta de plazas específicas para niñas, tanto en centros de acogida como en recursos para jóvenes extuteladas. Algunas adolescentes han terminado viviendo en la calle al alcanzar la mayoría de edad, sin documentación ni alternativas habitacionales. La directora de un centro relató que algunas de estas niñas ni siquiera lograron acceder al sistema de asilo por falta de información o apoyo durante su tutela.
Esta situación debe entenderse también en el contexto de la saturación general del sistema de acogida en Canarias. A finales de 2024, el Gobierno de Canarias tutelaba a más de 5.400 menores sin que existiera un reparto con otras comunidades autónomas. La escasez de recursos afectaba de forma general, pero sus consecuencias eran especialmente graves para perfiles de mayor vulnerabilidad, como el de estas niñas.
Mezcladas con niños
Amnistía también advierte que algunas menores habrían sido alojadas en centros sin separación por edad ni sexo, incrementando los riesgos. Además, la falta de personal formado en perspectiva de género limitó la detección de situaciones de violencia o explotación. En algunos casos, se recurrió a métodos inadecuados como la implantación de anticonceptivos sin consentimiento informado suficiente.
El informe señala que esta invisibilidad institucional convierte a las niñas migrantes en uno de los grupos más expuestos del sistema. Su escasa presencia numérica ha servido, en la práctica, como justificación para no desarrollar medidas específicas, dejando a muchas fuera de cualquier red de protección real al cumplir los 18 años.