La Policía Nacional ha finalizado una investigación económico-patrimonial que ha desembocado en la imputación de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, un empresario inmobiliario y la fundación encargada de gestionar dichos centros, Siglo XXI, por el presunto desvío de fondos europeos “Next Generation” destinados a la manutención y acogida de menores.
Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Banco de España. El documento alertaba de operaciones bancarias injustificadas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida.
El caso fue asumido por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias y permitió la puesta en marcha de la operación “Tabaiba”, una investigación que se ha prolongado durante tres años y que actualmente sigue bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
Para gastos personales
Según ha informado el cuerpo policial, el análisis de miles de movimientos bancarios reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para su enriquecimiento personal.
De un total de más de 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, más de 1,1 millones fueron retirados en efectivo mediante reintegros fraccionados, además de detectarse transferencias a cuentas particulares y gastos personales como operaciones estéticas, vacaciones, combustible o comidas en restaurantes.
Las irregularidades salieron a la luz tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Facturación duplicada
Durante el proceso judicial, la fundación aportó miles de documentos contables para justificar los movimientos financieros, pero el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fecha y servicios no identificados. Estos hallazgos evidencian una presunta manipulación contable destinada a ocultar el desvío de dinero.
La investigación también descubrió un entramado de alquileres inflados en los inmuebles donde operaban los centros. El empresario propietario, en connivencia con la fundación, habría utilizado sociedades interpuestas para fijar rentas que duplicaban o triplicaban los precios de mercado, generando un sobrecoste superior a 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. Parte del dinero se habría desviado a operaciones inmobiliarias y blanqueo de capitales.
Cinco imputados y una fundación
Como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada. Todos los acusados carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y 61 años.
Las actuaciones judiciales continúan abiertas a la espera de determinar el alcance económico total del perjuicio causado a los fondos europeos.