Los datos del área de Discapacidad del Gobierno de Canarias son alarmantes. No por el número de personas con discapacidad que existen en la comunidad, sino por el constante incumplimiento en los plazos para la valoración por parte de este área. Una persona en Canarias puede llegar a esperar más de cinco años para que su discapacidad sea valorada, cuando el máximo son seis meses. Una sangría a la que se suma la falta de interés del área en ofrecer datos.
Así lo señala el Informe del área de Dependencia elaborado por la Diputación del Común que desgrana graves deficiencias que se dan en la nueva Dirección General de Dependencia y que recaen directamente en las familias.
Aumento de quejas
El documento recoge que a lo largo de 2024 la diputación recibió hasta 603 quejas relacionadas con el área de Discapacidad del Gobierno de Canarias. Este dato supone un aumento de las quejas que han entrado en la diputación del 94,52% con respecto a las presentadas en 2023, lo que refleja que el hartazgo de las familias termina ante este organismo.
Principalmente esas quejas se centran en la demora en las resoluciones del grado de discapacidad o de la revisión del grado (412). La cuestión es que los datos no han mejorado a lo largo de este año. En tan solo seis meses, la diputada del común, Lola Padrón, ya ha recibido 400 quejas sobre este área, según ha informado en la comisión parlamentaria de Discapacidad, que ha debatido al respecto del informe.
Incumplimiento sistemático
El dato de las quejas refleja para la diputación que “se incumplen sistemáticamente los plazos legalmente establecidos para la resolución de los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad y que dicho incumplimiento es generalizado”, concluye el informe.
Hay que tener en cuenta que el plazo para una valoración es de tres meses, “plazo que la administración incumple reiteradamente”. Esto es para las solicitudes presentadas antes del 20 de abril de 2023. Para las posteriores a esta fecha el plazo es de seis meses.
Problema para los menores
Uno de los factores fundamentales que señala el informe es cómo cada vez más aumentan las quejas de los padres de niños entre 0 y 16 años que sufren algún trastorno del espectro autista. La urgencia de los padres se debe a que “los años para ellos suponen una pérdida irreparable de oportunidades para su desarrollo y su plena integración”, valora la diputación.
Por ello, buena parte de las críticas que hace el informe se centran en los retrasos que existen en la valoración. “La demora en la resolución de las solicitudes se agrava año tras año, imponiendo a la ciudadanía, en muchos casos, una espera de hasta cinco años para ser citados para valoración, impidiendo con ello, el ejercicio de los derechos y beneficios inherentes al reconocimiento”, concluye el documento.
Sin dar información
Otro punto relevante y alarmante es “la falta de colaboración de la Dirección General de Discapacidad con la Diputación del Común”. Según señala el documento, desde 2023 se han solicitado al área a través de seis quejas de oficio, información para “dimensionar adecuadamente la problemática”. Esta solicitud de información se resume en cuál es la demanda real de solicitudes y cuál es el personal en el área encargado de esta tarea.
“Solo han sido contestadas dos de las seis quejas, desconociendo por ello, el número de personas pendientes de valoración, en la comunidad autónoma y por islas, criterios y listados de priorización y tiempo de espera”, reprocha el informe sobre la falta de respuesta por parte del Discapacidad.
Una espera inaceptable
Pese a esta falta de interés en dar información sobre el número de trabajadores, la diputación señala que “resulta evidente” que los Equipos de Valoración y Orientación, que son quienes hacen las valoraciones, “soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar con el número actual de personal”. “Esto provoca unas listas de espera de años, que van más allá de lo aceptable”, reprocha el documento.
Otro factor que se suma a la situación es la desigualdad insular, que se empeora en las islas capitalinas. Tal y como ejemplifica la diputación, mientras que un menor con diagnóstico del espectro autista en Fuerteventura obtendrá el reconocimiento de la discapacidad en unos 18 meses, en Tenerife el proceso podría alargarse entre cinco y seis años.
Oportunidades perdidas
¿Cómo se traslada esta situación directamente a los derechos y beneficios a los que tienen acceso las personas con discapacidad? La diputación hace una lista en su informe:
- Acceso a las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad.
- Adaptación del puesto de trabajo.
- Adaptación de las pruebas selectivas en el acceso al empleo público.
- Jubilación anticipada.
- Acceso a la vivienda de protección pública.
- Subvenciones y/o ayudas de carácter individual: tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.
- Tratamientos rehabilitadores y de apoyo.
- Recursos y apoyos educativos.
- Pensión no contributiva por invalidez.
- Prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad: asistencia sanitaria y prestación farmacéutica; subsidio de movilidad y compensación para gastos de transportes.
- Prestaciones familiares: asignación económica por hijo o menor con discapacidad acogido a cargo, o mayores de 18 años con grado de discapacidad igual o superior a 65%.
- Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o menor acogido.
- Ingresos en centros.
- Beneficios fiscales: necesidad de ayuda de terceras personas para desplazamiento a lugar de trabajo, movilidad reducida, necesidad de vivienda adaptada, etc.
- -Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)
- -Impuesto sobre Sociedades (IS)
- -Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- -Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
- -Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT)
- -Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
- Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida
- Bonotaxi
- Reducciones en medios de transporte
- Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas con discapacidad que se contemplen en los organismos competentes en materia de Servicios Sociales ya sean municipales, autonómicos o estatales o de la iniciativa privada social.