Esta semana, la diputada del común, Lola Padrón, ha dado a conocer el informe anual que recoge las quejas ciudadanas informe anual que recoge las quejas ciudadanas que se presentan ante la institución. Si bien buena parte de las reclamaciones ciudadanas se han centrado en la tardanza que existe en el área de Dependencia y de Servicios Sociales, los problemas que atañen a la vivienda también está generando frustración a los canarios, especialmente a las personas más vulnerables.
La institución recibió en 2024 un total de 177 quejas relacionadas con la vivienda, 35 de ellas relacionadas con la necesidad de vivienda protegida. Aunque la cifra parezca pequeña el problema se agranda cuando se tiene conocimiento de la historia detrás de esas demandas. El informe recoge brevemente cómo está siendo la vida de algunas de las más de 17.000 personas a la espera de una vivienda pública. En concreto de los más vulnerables.
Con menores en un albergue
Principalmente los casos que recoge el informe de la Diputación del Común son de familias monoparentales, donde solo la madre está a cargo de sus hijos. Un caso es el de una mujer de 30 años con cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad psíquica del 40%. Viven en casa de sus padres, pero estos “la echan de la vivienda en cuanto surgen desavenencias”. Vive de ayudas y es la única que sostiene a los menores.
Otra familia monoparental se ha visto obligada a vivir en un albergue municipal con un menor. Se trata de una mujer que reside con su hija y con su nieto en el recurso alojativo pese a ser demandante de vivienda de protección oficial desde hace más de 30 años. Según el informe, la mujer ha renovado los plazos establecidos y ha pasado por “todos los tipos y criterios de selección para obtener una vivienda”. “ Se encuentra en situación de vulnerabilidad, tras haber sido desahuciada”.
Sin una vivienda
Una madre de dos hijas de 5 y 17 años también está en una situación de vulnerabilidad. La madre vive con su hija menor en un albergue, mientras que la mejor vive en casa de unos amigos “ya que ha solicitado que la menor pueda entrar en el recurso alojativo y nadie ha atendido a su petición”.
Otro caso es el de una mujer que se ha visto obligada a vivir en su coche a la espera de que se le conceda una vivienda pública. Esta mujer vivía con una señora de 88 años a quien cuidaba, sin embargo los hijos de esta le pidieron que se marchara pero no contaba con una alternativa habitacional ni con apoyo familiar.
Doble vulnerabilidad
La situación se agrava para quienes además de ser demandantes de vivienda pública tienen algún tipo de discapacidad, por lo que necesitan una vivienda pública adaptada. El informe recoge que hay un hombre con discapacidad reconocida del 47%, quien vive con su padre quien tiene una discapacidad del 95%.
Ambos viven en una “vivienda situada en un subsuelo que presenta enormes problemas de accesibilidad para su padre debido a las barreras arquitectónicas que presenta”. “Con los ingresos de la unidad familiar no pueden acceder a una vivienda debido a los elevados precios de los alquileres, razón por la cual ha solicitado nuevamente su inscripción en el registro de demandantes de vivienda protegida”, recoge el documento. Es demandante desde 2020.
Aislada y sin respuesta
Se suma el caso de una mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad ha limitado la actividad de la mujer, quien vive aislada en una vivienda cedida por unos amigos debido a que “en reiteradas ocasiones, han solicitado ayuda y colaboración al Ayuntamiento de La Orotava donde han sido residentes toda su vida, sin recibir respuesta”.
El informe recoge que esta pareja también solicitó ayuda al Instituto Canario de la Vivienda, “pero no hay vivienda nueva para su adjudicación. No han dejado de buscar vivienda adaptada, pero los precios de los alquileres y las condiciones exigidas por los propietarios son inalcanzables para ellos”, informa el documento.
Sin una solución eficaz
La diputación del común ya ha alertado en varias ocasiones de la necesidad de poner en marcha políticas para solucionar la grave crisis de la vivienda en las islas. “Estas y otras quejas presentadas por familias en situaciones similares ponen de manifiesto la ausencia de una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas canarias ante la falta de vivienda, que recae más duramente en los sectores más desfavorecidos de la población”, sentencia el informe.