El esfuerzo por salir adelante, por reconstruir parte de una vida arrasada por la lava, acoge una batalla por la transparencia. Los afectados por la erupción del volcán en La Palma intentan desde hace meses que el Gobierno de Canarias les entregue documentación que permita conocer qué sabían los expertos en los meses y años previos a la tragedia y cómo se tomaron las decisiones en septiembre de 2021. Tienen una resolución del Comisionado de Transparencia que estima parcialmente sus reclamaciones, pero no saben qué es lo que va a entregar el Gobierno, si es que acaba entregando algo.
"Todos los documentos, actas, estudios y certificados que el PEVOLCA, desde el año 2017, lleva haciendo sobre Cumbre Vieja", resume Juan González, de la Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja cuando se le pregunta qué información han solicitado conocer. Eso, entre otras cosas, es lo que pidieron al Gobierno a mediados de 2022, que el pasado verano inadmitió a trámite la solicitud, como hizo con otra similar de un periodista de la Cadena SER en Tenerife.
Tras la reclamación, el Comisionado resolvió el 30 de diciembre estimando parcialmente sus argumentos. Confirmó que las diferentes opiniones de aquellos que formaban parte de los órganos de asesoramiento y decisión no podían considerarse información pública y requirió a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a entregar otra documentación solicitada, a pesar de había sido incapaz de confirmar su existencia y de que no detallaba a qué información se refería. A eso se agarran los afectados por el volcán, que creen que esos documentos permitirán demostrar que había suficientes señales como para haber tomado medidas antes.
"Cuando se sientan a decidir si hay evacuación o no, si hay color naranja o como lo quieran llamar, lo hacen en razón de unos documentos. Y esos documentos están diciendo que hay cosas", dice González. "No nos hacen falta las deliberaciones, sino los documentos que decían lo que estaba pasando. La decisión, tomada de una manera o de otra, con actas o sin ellas, es la traducción de esos documentos".
"Si usted sabía algo en 2017, si usted sabía algo en el 2019, si un mes y medio antes se habían reunido, si el día siguiente de la erupción aparece un mapa de riesgo que plasma la zona por la que iba a correr la lava, a pesar de que se tarda un mes y medio en realizar... ¿Por qué se oculta ese tipo de cosas? ¿Qué interés ha habido?", se pregunta.
Cómo se toman las decisiones
Conocer el proceso de toma de decisiones en la administración no es un capricho. Es uno de los pilares de las normas de transparencia. En su exposición de motivos, la ley autonómica dice que con ella "se recoge en el ordenamiento autonómico la regulación de los instrumentos necesarios para la transparencia administrativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza que la misma tenga un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno de los mismos, lo que, al mismo tiempo, constituye una salvaguarda frente a la mala administración".
La ley estatal afirma que "sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos".
Reclamación patrimonial
"El Comisionado le exige (al Gobierno) y le obliga a mandarnos toda la documentación que habíamos solicitado. Esperamos que nos manden toda la que hay, pero tememos que no sea así. A lo mejor mandan un poco, y entonces tendremos que volver a de nuevo al Comisionado", dice Juan González.
Esa información es fundamental en la reclamación por responsabilidad patrimonial que ya han iniciado. Lo ideal habría sido adjuntar los documentos que esperan que les entregue el Gobierno canario, pero el plazo es de un año y han tenido que presentarla sin ellos. "Lo que hemos hecho es iniciar el expediente en tiempo y forma, y ahora vamos a intentar hacer una subsanación. Que se admitan todas las pruebas y documentos que el PEVOLCA nos dé y donde se puede comprobar que un mes y medio antes se sabía que el volcán iba a erupcionar por aquella zona", concluye González.