Bodegas Insulares de Tenerife, SA aprobó el pasado 2 de diciembre una reducción de su capital de 242.207 euros, correspondiente al 45,6% de las acciones que poseía el Cabildo de Tenerife hasta la decisión de abandonar la sociedad para evitar una reclamación en Europa de más de 13 millones de euros por parte de los demás productores de vino tinerfeños por competencia desleal.
Según ha quedado recogido esta semana en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la sociedad ha amortizado las 2.015 acciones de la clase A del Cabildo, que pese a tener un valor nominal de 120,2 euros cada una, han sido pagadas a más del doble, a razón de 267,15 euros por acción, sumando un total de 538.310 euros.
Se lleva más del valor de la empresa
El Cabildo de Tenerife se lleva más de medio millón de euros con su salida, que es algo más que el valor nominal de Bodegas Insulares de Tenerife antes de la reducción de capital, que estaba fijado en 530.453 euros (queda ahora en 288.245 euros).
La corporación insular anunció la salida del consejo de administración de Bodegas Insulares en julio. La razón era que la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) había interpuesto en 2014 una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea por competencia desleal y ayudas ilegales del Estado.
13 millones en juego
Según argumentó entonces Francisco Doblas González de Aledo, abogado de Avibo, tan solo contando con las presuntas ayudas ilegales, el monto que al Cabildo de Tenerife le hubiera tocado devolver en caso de sentencia condenatoria estaría en torno a los 13 millones de euros.
Esto sin contar con multas, sanciones, intereses y costas. La salida de la corporación insular de Bodegas Insulares fue un movimiento preventivo para evitar una posible sangría económica, ya que acordó con Avibo la retirada de la denuncia si salía de la empresa mixta.
Confrontación legal
El Cabildo de Tenerife ordenó hace meses elaborar varios informes jurídicos para evaluar las alternativas que tenía. Según uno de ellos, del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca, fechado el 8 de mayo, la continuidad de la actividad pública entraba en conflicto con la legislación vigente, en particular con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Contratos del Sector Público.
“El ejercicio de dicha actividad por parte de esta Corporación parece confrontar con los principios y requisitos exigidos en el marco normativo actual”, sostenía el informe. “A día de hoy, este objetivo [de intervención pública] se encuentra cumplido, (...) por tanto, no continúan vigentes las circunstancias que justificaron la necesidad de que el Cabildo de Tenerife realizara la actividad económica de elaboración, embotellado y venta de vino en Tenerife”.
Los servicios jurídicos añadían que mantener la gestión directa de una bodega insular no cumpliría con las exigencias de sostenibilidad financiera ni con el principio de neutralidad en la competencia: “La iniciativa no puede generar riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda del ente local [haciendo referencia a una posible reclamación millonaria por la denuncia de Avibo]. El marco regulador de la actividad debe garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal entre los operadores económicos”.
Los viticultores ya son propietarios de todo
El acuerdo al que llegaron el Cabildo y viticultores, según anunció el Gobierno insular el 1 de julio, contemplaba que "el 45,66% de la participación social de la institución insular pasará a manos de los viticultores".
Al efectuar la amortización y la reducción de capital de Bodegas Insulares de Tenerife, los viticultores que controlaban el 54,34% pasan a ser ahora propietarios del 100% de las acciones. Es decir, no es que fuesen a entrar nuevos socios al accionariado ni que los ya existentes fuesen a comprar su parte al Cabildo de Tenerife.