El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el convenio de dependencia 2025-2028, valorado en 692 millones de euros. Este convenio se deberá firmar ahora con el Gobierno de Canarias, tras un año caducado. El acuerdo prevé la creación de 569 nuevas plazas y la puesta en marcha de un protocolo de urgencias sociosanitarias para personas que permanecen hospitalizadas pese a haber recibido el alta.
La consejera dinsular de Acción Social, Águeda Fumero (PP), destacó este este es el "acuerdo más importante en materia social" de la legislatura, ya que va a establecer un marco plurianual para "garantizar la estavilidad del sistema de dependencia en Tenerife hasta el 2028".
Financiación y reparto de costes
Del total presupuestado, el Cabildo de Tenerife aportará 202 millones de euros —un 29 % del montante global— durante los cuatro años de vigencia del convenio, que tendrá efectos retroactivos desde 2025 una vez se formalice la firma.
Entre las principales novedades figura la actualización del coste por plaza y servicio, una reclamación histórica del sector. Fumero, explicó que el precio de las plazas en residencias de mayores de alto requerimiento pasará de 86 euros diarios en 2024 a 106,39 euros en 2028.
Mejoras en residencias, discapacidad y urgencias sociosanitarias
En los hogares funcionales para personas con discapacidad, la tarifa se incrementará de 74 a 124,72 euros por plaza al final del convenio. La firma del acuerdo —pendiente de que el Gobierno de Canarias cierre los convenios con todos los cabildos— abrirá además un plazo de un mes para elaborar un protocolo de urgencias sociosanitarias.
Ese protocolo permitirá al Cabildo reservar el 20 % de las plazas destinadas a personas que permanecen en los hospitales tras recibir el alta, para valorar su situación y determinar si se encuentran o no en situación de dependencia.
Tecnología y transporte para mejorar la atención
Otro de los avances anunciados es el cambio de la teleasistencia básica a un servicio avanzado, gestionado directamente por el Gobierno de Canarias, que incorporará sensores, dispositivos GPS y monitorización de rutinas y salud para personas mayores o dependientes.
Asimismo, la partida destinada al transporte sociosanitario pasará de 3 millones a 6,3 millones de euros, dando respuesta a una demanda sostenida durante años por entidades y operadores del sector.
569 nuevas plazas para reforzar la red insular
El convenio prevé la creación de 569 nuevas plazas, distribuidas en 124 residenciales, 145 de centros de día y 300 de promoción de la autonomía personal, lo que permitirá ampliar la cobertura para personas en situación de especial vulnerabilidad.
La consejera Águeda Fumero subrayó “el esfuerzo titánico” que se está realizando para ofrecer “una mayor y mejor atención a las personas que más lo necesitan”.
Contexto: adendas, retrasos y un convenio caducado
El convenio anterior llevaba varios años prorrogándose mediante adendas, que permitieron actualizar financiación y plazas, pero sin un nuevo acuerdo integral. Esta situación llevó a que el convenio caducara el 31 de diciembre de 2024, generando preocupación entre entidades sociales y partidos de la oposición (PSOE) ante la incertidumbre financiera.