Los trabajadores del servicio de limpieza de la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife han decidido hacer un parón en el calendario de movilizaciones que pretendían realizar en las próximas semanas, incluida la intención de manifestarse durante días clave de Navidad, gracias al entendimiento que aseguran haber alcanzado recientemente con la empresa adjudicataria del servicio.
Este colectivo había anunciado en octubre un incremento de las protestas que ya venían verbalizando desde hacía meses, en respuesta a lo que consideraban una situación de "discriminación salarial y laboral".
La Mancomunidad del Nordeste está integrada por los municipios de Tacoronte, El Rosario, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula. En concreto, el servicio de recogida de residuos domésticos y limpieza viaria está gestionado por la UTE formada por Urbaser S.A. y Martínez Cano S.A.
Sensación positiva
Tras la última reunión con la empresa, desde Comisiones Obreras trasladan una “sensación positiva” y afirman que se ha alcanzado un punto de inflexión que abre la puerta al entendimiento. Según explican, sobre la mesa se han planteado "diversas iniciativas relacionadas con el convenio heredado —firmado en su día por UGT e Intersindical— que requieren revisión y ajustes para darles un nuevo enfoque".
El sindicato confía en que los próximos encuentros sigan la línea constructiva del último, que describen como “muy positivo”. Desde CCOO aseguran que, si ambas partes mantienen la voluntad de avanzar, será posible alcanzar acuerdos beneficiosos para el conjunto de la plantilla. Este avance ha llevado a los trabajadores ha pausar el calendario de huelgas que pensaban presentar en asamblea, entre las que figuraban paros los días 24 y 31 de diciembre y el 7 de enero, así como nuevas concentraciones frente al Ayuntamiento de Tacoronte.
Protestas de octubre
La tensión comenzó a escalar en octubre, cuando los trabajadores se concentraron frente a las oficinas de la Mancomunidad en Tacoronte -municipio que la preside– para exigir una solución a lo que describían en ese entonces como "una discriminación salarial intolerable”. En un comunicado previo a aquella primera protesta, la plantilla denunció que, pese a realizar las mismas funciones que compañeros de municipios como La Laguna, percibían hasta 7.000 euros menos al año y soportaban más horas de trabajo. Además, aseguraron enfrentarse a problemas, como es el caso de los turnos impuestos.