David Abraham Hatchuell Cáceres, que fue en las listas del PP a las elecciones municipales en Telde y formó parte del comité ejecutivo del partido en el municipio grancanario, ha sido citado por la Audiencia Nacional para declarar como investigado por su presunta participación en la macroestafa de criptomonedas dentro del caso FX Winning —con más de 15.000 personas afectadas por todo el mundo—. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, la declaración se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2025, dentro del procedimiento penal que investiga una presunta trama internacional de estafa y blanqueo de capitales vinculada a la plataforma FX Winning Limited.
El Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige las diligencias, ha señalado también para esa fecha a otros cinco investigados: Jesús Lorenzo Rodríguez Ortega, Mainer Julián Guzmán Ardila, William Alfonso Esquivel Yeebach, Ángel Yerajmeel Pérez Ortiz y Lorena Regalado Salgado. Las comparecencias se celebrarán de forma escalonada durante la mañana en la sede judicial.
Seis meses más
La investigación, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se encuentra en fase de instrucción y acaba de ser prorrogada por otros seis meses, dada su complejidad y dimensión internacional. Entre las actuaciones en marcha destacan las comisiones rogatorias internacionales para lograr el bloqueo de fondos supuestamente vinculados a los acusados, así como la recopilación de pruebas sobre las operaciones de la plataforma.
FX Winning está siendo investigada por una presunta macroestafa que habría afectado a miles de inversores en España y otros países, con un volumen de capital desaparecido que, según estimaciones preliminares, podría ascender a cerca de 500 millones de euros. La Audiencia Nacional busca esclarecer el papel de los investigados en la estructura de la empresa y determinar su responsabilidad en el presunto fraude.
Busca y captura
En paralelo a estas citaciones, la Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del grancanario David Merino, considerado cabecilla de la trama y sobre quien pesa una orden de detención internacional. Merino, al que los investigadores sitúan como presunto organizador de buena parte del entramado financiero, sigue en busca y captura tras evadir las primeras operaciones policiales.
Además, la UCO ejecutó recientemente una operación en Gran Canaria, centrada en la localización de bienes y la detención de miembros del entramado radicados en la isla. La actuación, desarrollada en la capital de la isla, se saldó con las detenciones de Juan Faber Esquivel y Robin Tassilo Laurer, vinculados presuntamente a la captación de inversores y al movimiento de capitales hacia cuentas en el extranjero. Estas detenciones se suman a las medidas cautelares y bloqueos de activos que la Audiencia Nacional viene ordenando en coordinación con otros países.
Estafa piramidal
La empresa matriz, FX Winning Limited, fue registrada en Hong Kong por David Merino Quintana, quien también controló otras sociedades con la misma denominación en Estonia y Reino Unido. Esta entidad se promocionaba como un bróker profesional que ofrecía grandes rentabilidades mediante operaciones de trading automatizado. Sin embargo, la CNMV alertó hasta tres veces que no tenía autorización para prestar servicios financieros en España.
La estructura seguía el clásico patrón Ponzi: se ofrecían beneficios elevados y garantizados a los primeros inversores, financiados con el dinero de los nuevos. La captación se realizaba a través de una red internacional de comercializadores o Multi Account Managers (MAM), que actuaban en países como España, México, Brasil, Colombia, Argentina o Perú bajo nombres como We Are Turbo, The Winner Team, Zeta Group, Fiducia o CFT Solutions.
Desde Triana
En España, We Are Turbo, con sede en la Calle Torres 8 de Las Palmas de Gran Canaria, era la principal vía de captación. El responsable de esta plataforma era Juan Faber Esquivel —en prisión provisional desde la semana pasada tras ser detenido por la UCO en la capital de la isla—.
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que presentó la denuncia en 2023, entregó un listado con más de 4.900 víctimas y pérdidas por encima de los 460 millones de euros a nivel internacional, de los que al menos 39 millones correspondían a inversores españoles. Esta semana la cifra ya se fijó en más de 15.000 afectados —sólo Aránguez Abogados representa a 5.400 afectados—.