Las bajas laborales han dejado de ser una preocupación exclusiva del ámbito empresarial para entrar de lleno en el debate político. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de incapacidad temporal y el aumento de las bajas ha abierto un enfrentamiento sobre sus causas y las posibles soluciones. Mientras las organizaciones empresariales alertan del impacto que tienen sobre la productividad y los costes de las empresas, médicos y sindicatos sostienen que el problema no está ni en los trabajadores ni en los facultativos que conceden las bajas, sino en las carencias estructurales de la sanidad pública y, especialmente, en las listas de espera.
Las cifras reflejan una tendencia al alza. En la última década, las bajas laborales se han incrementado y Canarias ha llegado a situarse como la comunidad con mayor incidencia de incapacidad temporal, hasta alcanzar al 8% de los trabajadores. Una situación que, según las patronales, repercute directamente en la productividad y en los costes de las empresas y que, además, ha disparado el gasto de la Seguridad Social, convertido ya en la segunda mayor partida de desembolso, solo por detrás de las pensiones.
Una mesa de trabajo
El debate en Canarias ha cobrado fuerza esta semana después de que el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Afonso, reclamara una "solución contundente" para frenar el absentismo laboral y el incremento de las bajas por incapacidad temporal (IT). Con ese objetivo pidió a la Consejería de Sanidad la creación de una mesa de trabajo para abordar el problema desde el ámbito sanitario, una iniciativa a la que la consejera, Esther Monzón, mostró su disposición y que despertó el rechazo de las centrales sindicales.
No es la primera vez que las organizaciones empresariales ponen el foco sobre esta cuestión. Desde hace al menos dos años vienen alertando del aumento del absentismo tras la pandemia y de sus consecuencias sobre la actividad económica. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, sostiene que esta situación está "limitando" la productividad y la competitividad de las empresas, ya que cuando un trabajador causa baja el empresario asume un doble coste: parte del salario del empleado en incapacidad temporal y el sueldo de la persona que lo sustituye.
"Todo esto lo que hace es incrementar los gastos de las empresas", afirma Sesé, quien advierte además de que esta situación puede poner en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas empresas. A su juicio, el incremento de las bajas registrado tras la pandemia es un fenómeno que "hay que ordenar", aunque insiste en que "no se puede generalizar" ni poner bajo sospecha a todos los trabajadores.
Una administración responsable
Si bien desde los sindicatos y el sector médico admiten un problema, la causa de este lo sitúan no en los médicos que otorgan las bajas, como se ha llegado a señalar, y no en los trabajadores que las solicitan, sino en las largas listas de espera que tiene la sanidad pública en el Archipiélago
"El problema lo tiene la administración, con sus decisiones y con las determinaciones que toma", sostiene el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín Hernández, quien rechaza que se cuestione el criterio de los facultativos a la hora de conceder una baja. "Estamos hartos de que porque pone la palabra 'médica' sea el médico el responsable. No, responsable es la administración porque no pone personal médico suficiente, que tiene unas listas de espera más allá de la lógica, que la rehabilitación no se hace cuando se debe hacer", denuncia.
El presidente del Colegio de Médicos considera que muchas bajas no se prolongan por el estado del paciente, sino porque el sistema sanitario no dispone de los recursos suficientes para completar el proceso asistencial. Por eso llega incluso a afirmar que deberían llamarse "bajas por motivos administrativos-políticos", ya que, a su juicio, los gestores públicos no han adoptado las decisiones necesarias para evitar que una incapacidad temporal se prolongue más de lo necesario.
El foco, en las listas de espera
Los datos respaldan, al menos en parte, esa relación entre la presión asistencial y la duración de las bajas. En Canarias hay unas 32.131 personas pendientes de una intervención quirúrgica, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Aunque las cifras han mejorado y se sitúan por debajo de la media nacional, todavía hay 5.575 pacientes que llevan más de seis meses esperando para entrar en quirófano y el tiempo medio de espera alcanza los 106 días.
La situación es aún más compleja cuando el paciente necesita ser atendido por un especialista. En ese caso, la espera media asciende a 162 días, alrededor de dos meses más que la media nacional. Para Martín Hernández, ese es el origen del problema. "No tienen personal, no tienen estructura, no tienen quirófanos, no tienen centros de rehabilitación adecuados o suficientes y la población va aumentando", resume.
Larga espera para el especialista
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya advirtió en un informe publicado el pasado mes de febrero de que existe una correlación entre las listas de espera y la duración de las incapacidades temporales. El organismo detectó que las especialidades con mayores demoras son también aquellas en las que las bajas médicas se prolongan durante más tiempo.
Esa relación se aprecia con claridad en la consulta de Atención Primaria. El secretario del Sindicato Profesional de Médicos de Canarias, Levy Cabrera, explica que un médico de familia necesita el informe de un especialista para dar el alta a un paciente. Si este requiere una intervención quirúrgica, deberá esperar primero a la consulta especializada, después a la operación y, finalmente, al proceso de recuperación. Durante todo ese tiempo, dependiendo de la patología y del tipo de trabajo que desempeñe, el empleado puede no estar en condiciones de reincorporarse a su puesto.
Cabrera rechaza además que se ponga en duda el criterio de los médicos de familia al conceder las bajas o las altas. "El que se presuponga que las dé con alegría y de manera injustificada en la gran mayoría de las ocasiones es falso", afirma. A su juicio, el debate está "frivolizando" una realidad mucho más compleja y pasa por alto tanto la carga asistencial que soportan los facultativos como la burocracia que conlleva la gestión de las incapacidades temporales.
Por ello se insiste en una inversión amplia y bien estructurada en la sanidad pública para dar solución a las listas de espera. Desde Comisiones Obreras, el secretario general de la Federación de Servicios, Borja Suárez, considera "frívola" la creación de una mesa técnica con los empresarios para abordar esta cuestión. A su juicio, el problema no se resolverá mientras no aumente la inversión en la sanidad pública y se reduzcan los tiempos de espera. "Más manos para poder tratar a la gente", resume.
¿Priorizar a los trabajadores?
Una de las propuestas que sí encuentra respaldo parcial entre los médicos consiste en priorizar la atención de aquellos pacientes que se encuentran de baja laboral. Levy Cabrera explica que es una posibilidad que ha escuchado plantear a la consejera de Sanidad y considera que podría contribuir a reducir la duración de las incapacidades temporales, aunque reconoce que plantea un debate ético.
"Sería justificado en determinadas circunstancias. Habría que delimitar claramente en cuáles se prioriza", sostiene el secretario del Sindicato Profesional de Médicos de Canarias. Desde Comisiones Obreras rechazan esa posibilidad porque entienden que supondría establecer diferencias entre pacientes. "Nosotros creemos que la prioridad es atender según la necesidad y el orden de entrada. Lo que sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que se trate desde la mutua y no se derive, como vemos que se deriva automáticamente a la Seguridad Social", señala Suárez.
Tocar los sueldos
Mientras el debate se centra cada vez más en el funcionamiento del sistema sanitario, también han cobrado fuerza otras propuestas que cuentan con el rechazo frontal de las organizaciones sindicales, como penalizar económicamente a los trabajadores que se encuentren de baja.
La polémica se reavivó esta semana después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionara que un trabajador de baja cobre el mismo sueldo que cuando está en activo, aunque posteriormente el partido aclaró que sus declaraciones hacían referencia a los casos de fraude.
Para Santiago Sesé, el debate sobre las prestaciones económicas no es nuevo. Recuerda que la retribución de los trabajadores ya disminuye durante una incapacidad temporal en determinados supuestos y considera que el verdadero cambio se ha producido tras la pandemia, cuando el número de bajas laborales comenzó a incrementarse de forma significativa. "Hay que ordenarlo", sostiene, aunque insiste en que "no se puede generalizar" ni poner bajo sospecha a quienes realmente están enfermos.
El papel de las mutuas
En todo el debate también entra el posible refuerzo del papel de las mutuas, especialmente en los procesos derivados de enfermedades profesionales. Desde el ámbito empresarial consideran que pueden contribuir a agilizar la recuperación de los trabajadores. Sesé defiende que la mesa de trabajo propuesta a la Consejería de Sanidad sirva para estudiar fórmulas de colaboración público-privada que permitan acortar los tiempos de espera y reducir la duración de las incapacidades temporales.
Martín Hernández, sin embargo, duda de que esa medida pueda resolver el problema de fondo. A su juicio, las mutuas tampoco disponen de recursos suficientes para asumir un mayor volumen de pacientes y, en el mejor de los casos, solo servirían para aliviar parcialmente la situación. "Sería un parche que mejoraría algo, pero no es una solución. La solución pasa por poner los medios suficientes y contratar los médicos suficientes", afirma.
Falta el diálogo
La división en el diagnóstico del problema ha derivado en una falta de entendimiento entre patronales y sindicatos. Borja Suárez asegura que, al menos en los sectores que representa, no existe un diálogo real sobre las causas del incremento de las bajas laborales. "Hemos dado propuestas para intentar buscar soluciones y lo que nos encontramos son propuestas para modificar la IT para que la gente no cobre cuando está enferma", critica. Una posibilidad que también rechaza Levy Cabrera por considerar que supondría castigar a quienes realmente necesitan permanecer de baja.
Para Suárez, el debate sigue centrándose en las consecuencias y no en las causas. "Yo creo que no hay una aceptación de cuál es el problema real", afirma. Además, sostiene que las empresas tampoco han desarrollado una cultura suficiente de inversión en prevención de riesgos laborales. Desde la Cámara de Comercio, en cambio, Sesé insiste en que el objetivo no es buscar responsables, sino encontrar soluciones en la mesa técnica que se cree. Aunque desde el ámbito médico tienen claro que la solución del problema pasa esencialmente por apostar por reforzar el sistema sanitario.