Juan Bordes, hasta ahora jefe de Disciplina Urbanística de San Bartolomé de Tirajana, ha formalizado este mes de abril un nuevo escrito de alegaciones en el que señala a sus superiores en Urbanismo por "persistir y agravar" la situación de "acoso institucional" denunciada ante la Comisión de Valoración de Acoso del Ayuntamiento.
Este organismo acordó una serie de medidas provisionales para proteger al funcionario, dejando en suspenso el resto del procedimiento hasta que se resuelva la querella presentada por el funcionario, pero éste ha sufrido la disminución de sus retribuciones por productividad y ha sido relevado de la jefatura, dando Urbanismo por finalizada su adscripción municipal y emplazándole a volver al Gobierno de Canarias, donde Bordes tiene plaza como funcionario de carrera. Marichal vincula esas decisiones a su bajo rendimiento.
El supuesto incumplimiento de esas garantías motivó la intervención de Alcaldía, que ha tenido que corregir al alza las retribuciones del funcionario, en consonancia con un informe de los servicios jurídicos que acredita el cumplimiento de los objetivos previstos por parte del empleado público.
Persistencia y agravamiento
Por eso sostiene Bordes que se están "incumpliendo de forma consciente" las medidas de protección acordadas por la Comisión de Valoración de Acoso. Según el escrito presentado, existe un "patrón reiterado de perjuicio económico injustificado".
El funcionario detalla que, a pesar de contar con informes técnicos favorables del jefe de Urbanismo que avalan el cumplimiento e incluso la duplicación de sus objetivos, se han intentado bloquear o reducir drásticamente sus retribuciones.
A modo de ejemplo, en el último trimestre de 2025 propusieron inicialmente un 0 % de productividad, el cual fue corregido al 75 % tras la intervención de Alcaldía, mientras que el primer trimestre de 2026 se han producido actuaciones dirigidas a impedir la aprobación de su retribución al 100 %, a pesar del informe favorable de la jefatura técnica.
Relevo "al margen de la legalidad"
Otro de los puntos críticos de sus alegaciones es la designación de un nuevo jefe del servicio de Disciplina Urbanística. Bordes afirma que este relevo se ha realizado "al margen del procedimiento legalmente establecido" y sin notificación previa al afectado.
Para el denunciante, esta maniobra supone un menoscabo de su categoría profesional y una vulneración de sus derechos fundamentales en un contexto de represalias.
Advertencia de acciones penales
El documento no solo señala a los concejales de Urbanismo, sino que extiende la responsabilidad a cualquier autoridad o funcionario que valide estas decisiones, mencionando expresamente a la titular de Recursos Humanos. Bordes advierte que el incumplimiento de las medidas de protección derivará en una ampliación de la querella criminal en curso por presuntos delitos de prevaricación y trato degradante, entre otros delitos.
Por todo ello reclama al Ayuntamiento la anulación inmediata del decreto de nombramiento del nuevo jefe de Disciplina Urbanística; la aprobación del 100 % de su productividad correspondiente al primer trimestre de 2026, conforme al criterio técnico; la intervención de la Alcaldía-Presidencia como garante último de la legalidad para evitar injerencias de los concejales denunciados, y el acceso completo al expediente de nombramiento de su sustituto para ejercer las acciones legales oportunas.
La querella se presentó a principios de noviembre y la tramita desde el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 4 de
San Bartolomé de Tirajana, aunque aún no se ha dictado el auto de admisión con las diligencias a practicar.