En noviembre de 2025, Atlántico Hoy publicaba el artículo: “Si yo fuera juez, el Tribunal Supremo volvería a Luxemburgo”. En este artículo, comentábamos que estábamos plenamente convencidos de que, antes o después, algún magistrado vería la tremenda injusticia que rodea al IRPH y volvería a elevar el asunto a Luxemburgo.

Recientemente hemos podido conocer gracias a D. Alberto Elorda, un afectado por el IRPH, que el juez titular de la Sección Civil 15ª del Tribunal de Instancia de Palma ha dictado un Auto en el que plantea una contundente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta es una noticia fantástica que reabre de par en par las puertas de la esperanza para más de un millón de familias.

Una victoria para el sentido común

¿Por qué esto es motivo de celebración? Porque significa que la batalla legal por el dinero de tantas familias vulnerables no está, ni mucho menos, perdida.

El magistrado balear ha puesto negro sobre blanco las dudas que muchos profesionales del derecho bancario llevamos denunciando desde que el Tribunal Supremo dictara sus nefastas sentencias a finales de 2025.

El juez está preguntando a Europa cuestiones clave que, desde nuestro punto de vista, protegían de manera injustificada la comercialización de este índice por las entidades: cuestiona si es compatible con el derecho europeo exigir una "desproporción muy evidente" para anular la cláusula (cuando la directiva solo exige un "desequilibrio importante"). Además, pone en duda que sea legal usar como comparativa un índice estadístico engañoso (el "tipo sintético") que mezcla préstamos de todo tipo, incluidos créditos al consumo, para justificar que el IRPH no fue perjudicial.

Para ilustrar el daño real que sufren los hipotecados, no hay argumento más contundente que el que utiliza el propio magistrado en el auto, y que expusieron brillantemente los abogados Maite Ortiz y José María Erausquin en una charla en el Colegio de Abogados de Sabadell, el día 4 de marzo de 2026: “Las sentencias del TJUE no se reinterpretan, se aplican”. Es un pasaje demoledor que evidencia el sobrecoste que el Supremo pretendía pasar por alto:

"En el caso concreto, un préstamo hipotecario de 206.000 euros a 40 años referenciado al IRPH-Cajas más un diferencial del 0,25% (6,294%), frente a un préstamo concedido al tipo medio hipotecario publicado por el Instituto Nacional de Estadística (5,290%), supone para el consumidor un sobrecoste total superior a 68.000 euros a lo largo de la vida del contrato. Este dato, que no es controvertido desde el punto de vista matemático, evidencia que la diferencia porcentual considerada «no muy evidente» por el Tribunal Supremo se traduce, en términos reales, en una carga económica extraordinariamente relevante para el consumidor, que afecta de manera directa y prolongada a su posición contractual."

La urgencia absoluta: paralizar los procedimientos

Pero la inmensa alegría que nos produce esta resolución viene acompañada de una urgencia vital. Ahora mismo, el objetivo prioritario para cualquier afectado y para los que trabajamos día a día defendiendo a clientes frente a los abusos bancarios es uno solo: conseguir la suspensión inmediata de todos los juicios sobre el IRPH que estén pendientes de resolución.

Sería una absoluta irresponsabilidad, y un perjuicio irreparable para los consumidores, que los Juzgados de Primera Instancia, las Audiencias Provinciales e incluso el Tribunal Supremo siguieran dictando sentencias desestimatorias aplicando un criterio que, en estos precisos instantes, está siendo cuestionado por el máximo intérprete del derecho de la Unión.

Si el TJUE termina dando la razón a los hipotecados y corrigiendo al Supremo, aquellas familias que vean su caso resuelto en estos meses, seguramente perderán la oportunidad de recuperar su dinero para siempre por no haber sabido —o no haberles dejado— esperar.

Por tanto, es fundamental hacer un llamamiento a la prudencia y al sentido de la justicia a todos los jueces y magistrados del país: el reloj judicial de los afectados por el IRPH debe detenerse hoy mismo hasta que Luxemburgo hable.

Hoy respiramos aliviados porque el derecho europeo vuelve a erigirse como el escudo de las familias. Sigamos peleando, que esta historia aún no ha terminado.