La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria afronta la mayor crisis reputacional de su historia reciente, inmersa en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que destapa un presunto entramado de adjudicaciones irregulares, conflictos de interés y favorecimiento empresarial en los grandes eventos culturales y festivos de la ciudad.
La causa, instruida por el fiscal Javier Ródenas con apoyo de la UDEF y que ha cogido carrerilla este último mes, comenzó centrada en el Carnaval, pero se ha ampliado a fiestas de distrito, actos culturales y contrataciones desde otras áreas municipales. En total, la documentación incautada supera los 20.000 archivos, lo que ha obligado a solicitar una prórroga de un año para el análisis.
Dimisión
En el centro de una de las patas del caso se encuentra Natalia Medina, promotora cultural y hasta hace unas semanas consejera delegada de la Sociedad. Medina dimitió después de confirmarse que es investigada por un conflicto de intereses: mientras presidía la empresa privada Qué tal Estás, beneficiaria de 1,3 millones de euros en contratos entre 2022 y 2024, participaba en el Consejo de Administración de la entidad pública que otorgaba dichas adjudicaciones y aprobaba sus cuentas.
La lista de investigados incluye a la exconcejala de Cultura y expresidenta de la Sociedad, Encarna Galván; al exgerente Agustín Díaz; a su sustituta y actual gerente, María Elena Rodríguez; y a la ya exconsejera, Natalia Medina, señalada por un presunto conflicto de intereses al aprobar unas cuentas de la compañía que reservaban jugosas partidas para su empresa.
Carnaval
Uno de los focos más sensibles de la investigación sigue siendo el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde la empresa Option Productions, del productor Josué Quevedo, ha recibido adjudicaciones directas por 872.155 euros entre 2024 y 2025, todas ellas mediante procedimiento negociado sin publicidad. Entre estas contrataciones destacan la dirección artística del Carnaval 2024 (67.410 euros), la dirección artística del Carnaval 2025 (459.878 euros) y las Fiestas Navideñas 2024-2025 (99.510 euros).
El modelo contrasta con el del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que en el Carnaval Internacional de Maspalomas —donde Quevedo también ha trabajado— recurre a procedimientos abiertos, permitiendo la concurrencia de otras productoras. Allí, entre 2024 y 2025, Option Productions obtuvo 754.554 euros en contratos, ganando concursos públicos frente a competidores como la UTE Maspalomas Events y Out New Events AIE. Para el PP, denunciante en este caso, la alegada “exclusividad artística” en Las Palmas de Gran Canaria no se sostiene, pues la misma empresa ha desarrollado servicios similares en ambos municipios sin restricción de competencia.
Hijo de Medina
Las diligencias apuntan a un patrón de concentración de contratos menores en un reducido grupo de empresas, algunas de reciente creación y con el mismo administrador único, como Camino Viejo, una de las principales productoras investigadas y representante de Daniel Calero. Parte de estas adjudicaciones ya no se tramitan desde la Sociedad de Promoción, sino desde concejalías de distrito, lo que dispersa los expedientes y, según fuentes próximas al caso, podría responder a una estrategia para fragmentar las contrataciones y reducir el control centralizado.
En julio de 2024 se produjeron dos episodios clave: a principios de mes, agentes de la Policía Nacional registraron la sede de la Sociedad para incautar expedientes y material informático; el 31 de julio, semanas después del registro, se denunció el robo de varios ordenadores, teléfonos móviles y un portátil, sin señales de entrada forzada, un hecho que ha levantado sospechas por la posible desaparición de pruebas relevantes.
Robo
En medio de la investigación de la Fiscalía, el 31 de julio, se produjo el robo en la sede la Sociedad de Promoción de varios teléfonos móviles y un ordenador, sin señales de entrada forzada, lo que ha alimentado las sospechas sobre la posible pérdida o manipulación de pruebas relevantes.
La Fiscalía estudia ahora si las nuevas denuncias sobre contrataciones en fiestas de barrio y otros actos culturales se incorporarán al mismo procedimiento o si se abrirá un expediente paralelo. De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en uno de los mayores escándalos de gestión cultural en Canarias, poniendo en cuestión la transparencia y el modelo de contratación pública en los eventos que proyectan la imagen de Las Palmas de Gran Canaria al exterior.