El Parlamento de Canarias comienza este viernes con el debate del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas –también conocida como la ley canaria de Vivienda Vacacional–. Una legislación que si se aprobase, para la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, “la sociedad canaria no podría beneficiarse del turismo”.
La posible ley tiene dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de Vox y el PSOE y cuenta con el apoyo del resto. Para Borrego no solo equivaldría a una perdida para el bolsillo de los canarios, también “erradicaría en un 90% la vivienda vacacional” que existe en el Archipiélago.
En declaraciones a los medios de comunicación previas al comienzo del debate, Borrego consideró como “increíble e irresponsable” que un Gobierno “reste a la sociedad de poder participar en los beneficios del turismo”.
64.000 familias
Borrego recaló que la legislación afectaría a 64.000 familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional, así como a los intermediarios y gestores locales “que han nacido al calor de esta modalidad”.
Por ello piden, si se diera el caso, que se consolide a las viviendas que están ejerciendo la actividad o han presentado su declaración. Las que no están en situación regulada están a tiempo de presentarla, porque todas las irregulares quedarán eliminadas.
Democratización del turismo
La presidenta de la asociación asegura que defienden “la democratización del turismo” porque los propietarios de viviendas vacacionales “hacen que el conjunto de la sociedad se pueda beneficiar”.
En este sentido aseguró que el impacto directo del sector supera los 1.700 millones de euros, así como los 170 millones en IGIC representando un 3% del PIB de Canarias. “Es un dinero que va el bolsillo de las familias y a las arcas canarias”, valoró.
Haciendo referencia a estudios, dijo que un 51% del gasto turístico de los clientes de vivienda vacacional “se hace fuera del alojamiento” nutriendo así, según Borrego, la economía. “Somos la única comunidad autónoma que paga voluntariamente el IGIC”, apuntó.
Cataluña
Este viernes también se daba a conocer que el Tribunal Constitucional desestimaba un recurso de inconstitucionalidad que habían interpuesto más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados contra el Decreto-ley de la Generalitat de Medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.
Preguntados por esta cuestión el vicepresidente y abogado de la Ascav, Javier Valentín, mostró la sorpresa de la asociación porque "el Gobierno de Canarias esté aplaudiendo esta sentencia del constitucional cuando ha sido el PP el que presentó el recurso".
Valentín, quien puso el foco en que "se debe leer la sentencia completa", valoró que esa ley hace un "ejercicio de proporcionalidad" porque se aplica "a 262 municipios de los 947 de Cataluña" y sin embargo "en Canarias tenemos la ley más restrictiva de toda España que van a aplicar esa restricción al 100% de los municipios".