La jueza encargada de instruir el caso Mediador ha acordado admitir a las seis partes que han pedido personarse como acción popular. PSOE, PP, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Fuerza Canarias y la Organización de Ususarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris) participarán de manera "unificada, conjunta y simultánea" con la dirección legal de un único letrado. Así lo ha decidido la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Cada una de las partes deberá abonar una fianza por valor de 2.000 euros, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a Atlántico Hoy.
La trama que gira en torno a este caso de corrupción atribuye a los investigados delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsificación, blanqueo de capital, pertenencia a organización criminal por extorsionar a ganaderos y queserías isleñas o empresas que querían instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC). Hasta ahora, las investigaciones sitúan a Marco Antonio Navarrao Tacoronte, Francisco Espinosa —el único que hasta el momento se encuentra en prisión—, Juan Bernardo Fuentes y Taishet Fuentes como los máximos responsables y cabecillas del caso Mediador.
El PSOE
El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del partido socialista en el Archipiélago, Ángel Víctor Torres, anunció el pasado 28 de febrero que su formación política se personaría como acción popular en la trama. En el marco del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el mandatario socialista aseguró que son acontecimientos "que nos repugnan y avergüenzan" y que "usar supuestamente el cargo público para extorsionar, estafar" son comportamientos indignos que condena "enérgicamente".
Torres afirmó que no se puede condenar "a quienes son las víctimas" como instituciones o personas honradas pese a lo vergonzosas e ilícitas que sean las acciones de quienes formaron parte de ellas y no se puede "convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas".
"No puede ser que tengamos que defender nuestra honorabilidad ante afirmaciones falsas y sin pruebas de quienes se ha demostrado que han mentido en sede judicial y van a ser condenados, como ya lo fueron, por atentar contra la ley", aseguró en el estrado.
Partido Popular
El 27 de febrero hacía lo propio el Partido Popular. Manuel Domínguez, presidente regional del partido y portavoz parlamentario, comparó este caso de corrupción con los ere de Andalucía y aseguró que en su partido se muestran "absolutamente perplejos y muy disgustados".
El político popular manifestó que este es un "escándalo de dimensiones desconocidas que incluso salpica al gobierno central" y, por ello, también pide la comparecencia de la ministra Nadia Calviño que es presidenta de una fundación que supuestamente dio contratos por algo más de dos millones de euros a la trama del caso Mediador. Y en Canarias ha pedido el pleno extraordinario y la dimisión de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, "no por buscar una cabeza de turco" sino porque en comisión parlamentaria ha dicho que todos los controles han funcionado.
Vox
El mismo día que Torres lo anunciaba, Vox también lo hacía. El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha repasado la gravedad de algunas de las acusaciones que se relacionan con el caso (cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal o tráfico de influencias) y ha recordado que afectan a exdirigentes socialistas que además, presuntamente, usaron el Congreso como sede de algunas de sus reuniones.
Argumentaba que este escándalo es un motivo más para demostrar que la moción de censura registrada por Vox y que terminará este martes, con Ramón Tamames como candidato, está "justificada", sumada a otros asuntos como la inflación, el precio de la energía, la ley del 'solo sí es sí' o la ley de bienestar animal.