El pasado 24 de junio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebraba que el Gobierno central incluyera en el conocido como real decreto antiapagones, medidas específicas para Canarias. Esas medidas, incluían el impulso de almacenamiento energético adicional en las islas, necesario para evitar apagones en tres islas. Este martes el real decreto se sometía al apoyo del Congreso, que no obtendrá ya que el Partido Popular ha anunciado su rechazo.
Hasta último minuto no se conocía la posición que iba a mantener el Partido Popular en la ratificación del poder Legislativo en la norma. Podemos ya había anunciado su rechazo por ser un decreto que consideraban que beneficiaba a las grandes eléctricas. Esto dejaba en manos de los populares la aprobación de la norma, sin ratificarla finalmente.
Celebración en Canarias
Cuando Clavijo anunció que el decreto beneficiaría también a Canarias indicó que se incluiría al Archipiélago en el despliegue de baterías de emergencias necesarias para evitar apagones como el que días antes se había vivido en La Palma.
Según explicó el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata cuando se aprobó el decreto, hasta ahora la legislación “no estaba preparada para baterías” por lo que reclamaron que se tuviera en cuenta la necesidad canaria de instalar baterías a la hora de elaborar una norma justamente centrada en evitar los apagones.
Agilidad al almacenamiento
El decreto establecía que las instalaciones de almacenamiento que inyectan energía a la red se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa. Esto es importante para los promotores energéticos porque pedían que la tramitación de los proyectos de baterías se equiparara a las instalaciones de producción energética.
El rango de la penalización
Más allá de esa cuestión de las baterías, también hay otros puntos que apuntan directamente a Canarias. El decreto modifica el régimen de penalizaciones para que las instalaciones renovables y de cogeneración mantengan un comportamiento eléctrico más preciso y responsable, especialmente en zonas sensibles como Canarias, penalizando los desajustes en el control del factor de potencia y la tensión.
El texto modifica el artículo 7 del Real Decreto 413/2014 para actualizar el régimen de penalizaciones a aquellas plantas de producción que no mantengan su funcionamiento dentro del rango técnico exigido. En concreto, las instalaciones deberán operar, hora a hora, dentro de un rango de factor de potencia definido entre 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo. La Secretaría de Estado de Energía podrá revisar anualmente ese margen en función de las necesidades del sistema, con diferencias por zonas geográficas.
En caso de incumplimiento, se establece una penalización de 0,261 céntimos de euro por cada kVArh (kilovoltamperios) reactivos por hora) fuera del rango permitido, aplicada de forma horaria y liquidada mensualmente. Esta cuantía se destinará a reducir el coste de los servicios de ajuste eléctrico.
Situación en Canarias
En Canarias, donde las redes eléctricas insulares operan de forma aislada y con menor capacidad de respaldo, estas exigencias se aplican a instalaciones de tan solo 0,5 megavatios de potencia, frente al umbral de 5 megavatios vigente en la península. Esto supone que muchas más instalaciones renovables, incluso de tamaño medio, quedan sujetas a estas obligaciones técnicas y a las correspondientes sanciones.
Como alternativa, las plantas afectadas pueden optar por participar voluntariamente en el servicio de control de tensión, un mecanismo de ajuste que les permitirá colaborar directamente con el operador del sistema para mantener la calidad del suministro eléctrico. A cambio, se contempla una futura compensación económica, actualmente en fase de desarrollo normativo.
El superávit
Por otra parte, el decreto también incluye una medida puntual pero significativa: el posible superávit acumulado en los fondos estatales destinados a cubrir los extracostes eléctricos en territorios no peninsulares —como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla— podrá ser reutilizado en 2025.
Concretamente, si en la cuenta específica de liquidaciones gestionada por el órgano competente (según lo regulado en el Real Decreto 680/2014) existen saldos positivos de los ejercicios 2017, 2018 y 2020, dichos excedentes se transferirán automáticamente al sistema de liquidación correspondiente al año 2025. Es decir, se usarían para seguir cubriendo la diferencia entre el coste real de producir electricidad en estos territorios insulares —notablemente más alto que en la península— y el precio que pagan los consumidores.
Este ajuste permitía aprovechar fondos ya presupuestados que no llegaron a utilizarse en su totalidad, y canalizarlos hacia un ejercicio futuro que podría enfrentar mayores presiones presupuestarias o un entorno energético más exigente.