Felipe Campos, abogado de la asociación de vecinos de Santa Cruz que denunció el carril bici, El Perenquén, ha cargado contra el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al que acusa de ser “imposible de cumplir”, socialmente discriminatorio y jurídicamente cuestionable.
Sus declaraciones, realizadas hace unos días en una rueda de prensa a colación del carril bici, se centran tanto en el marco europeo y estatal que sostiene estas medidas como en la aplicación concreta que, a su juicio, pretende hacer el Ayuntamiento capitalino de la ZBE.
Crítica al “Europa obliga”
Campos sostiene que se ha vendido a la ciudadanía que la ZBE es una imposición directa de la Unión Europea, algo que considera falso.
A modo de ejemplo, ha recordado que Francia ha eliminado su Zona de Bajas Emisiones por decisión de su Asamblea Legislativa, por lo que, “si fuera obligatorio, Francia no podría haber salido de la ZBE”. “Eso es mentira”, ha matizado.
CO₂ y contaminación
Por otro lado, el letrado sostiene que es muy difícil cumplir con la ZBE y explica que la normativa parte de la contaminación. “Nos están engañando a todos cuando hablan del CO2 como contaminación”, apunta y diferencia entre sustancias contaminantes, contra las que afirma que todo el mundo está en contra, y el CO₂, que, según su tesis, “no es una sustancia contaminante”.
Asegura que se está engañando a la población al equiparar CO₂ y contaminación para justificar restricciones de tráfico amparadas en la protección ambiental.
Discriminación
Campos califica el proyecto de la ZBE en Santa Cruz como “un despropósito” y lo compara con otros similares tramitados en España que, afirma, están siendo anulados en los tribunales.
Argumenta que, en la práctica, estas ordenanzas impiden conducir a la “gente humilde”, ya que solo quienes pueden gastar alrededor de 50.000 euros en un coche eléctrico podrán circular sin restricciones.
Limitar zonas afectadas
Según explica, la ley exige que, para limitar la circulación, la memoria del proyecto demuestre que en las zonas afectadas existe realmente contaminación; sin embargo, sostiene que en Canarias, y en muchos otros lugares, “los datos oficiales arrojan que no hay contaminación”.
Por lo expresado, considera “imposible” aprobar una ordenanza que limite derechos en función de una contaminación inexistente, algo que califica de “actuación completamente ilegal”.
El ejemplo de Madrid
Para reforzar su posición, el abogado cita el caso de Madrid, donde el 1 de enero entrará en vigor una ZBE que, según dice, impedirá el acceso a la capital a casi 400.000 vehículos, afectando sobre todo a la población más humilde del sur de la ciudad.
Subraya que se trata de una ordenanza que ya ha sido anulada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia, y que, pese a ello, el Ayuntamiento madrileño la sigue aplicando; una situación que calificó de “realmente tremenda”.
Carril bici y ZBE
Campos ha recordado que el Ayuntamiento santacrucero comunicó recientemente el desistimiento en el procedimiento del carril bici, pero afirma sospechar que la verdadera intención municipal no es renunciar al proyecto, sino intentarlo de nuevo.
Asegura que el Consistorio ya ha gastado dinero público en contratos con empresas privadas ligados a la ZBE y que buscaría aprobar una nueva ordenanza para “seguir adelante”, ignorando la voluntad ciudadana.
Movilidad
El abogado hizo referencia tanto a la ZBE como a la polémica implantación de un carril bici en la ciudad y sostiene que “prácticamente el 99% de la gente en Santa Cruz” no lo quiere en la ubicación prevista.
A juicio del abogado, el Ayuntamiento persiste en su modelo de ZBE y de movilidad que recorta derechos, penaliza a quienes menos recursos tienen y desoye una oposición ciudadana que considera casi unánime.