El carril bici de Santa Cruz, previsto para inaugurarse en los primeros días de julio, no se pondrá en marcha finalmente tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al ayuntamiento a paralizar todas las obras relacionadas con el mismo. 

"Por supuesto no se va a inaugurar hasta que no se resuelva el recurso que interprondremos la próxima semana ante el TSJC", afirma el concejal de Servicios Públicos del consistorio capitalino, Carlos Tarife, para quien las obras que quedaban para la apertura eran ya mínimas: "Algún remate sobre todo en materia de pintura". 

Tarife afirma que recurrirán esta sentencia en los cinco días de plazo que les da el TSJC, y está convencido que, de un modo u otro, saldrá adelante el proyecto puesto que "la Ordenanza del 1985, la que ahora está vigente, ya contempla la segregación de la vía por parte del Ayunamiento". 

Duro golpe al ejecutivo

El auto delñ TSJC, fechado el 19 de junio de 2025 y al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, dispone que el consistorio "no continúe con las obras de la llamada Red Ciclable", lo que supone un duro golpe a uno de los ejes de la estrategia de movilidad del grupo de gobierno local.

El tribunal considera que el ayuntamiento no puede alegar ahora perjuicios de difícil reparación, ya que, como recoge el auto, "desde notificación del auto de medida cautelar queda impedido el ayuntamiento de aplicar los preceptos que por el mismo quedaron suspendidos". Añade que "este régimen permanece hasta notificada la sentencia", y que ahora, con la ejecución provisional, la paralización alcanza a "aquello que quede por hacer, no lo ya realizado".

Un proyecto judicializado desde sus inicios

El conflicto legal se remonta al 2024, cuando la Asociación de Vecinos Urban Centro “El Perenquén” presentó recurso contra la ordenanza municipal. El TSJC le dio la razón en una primera fase al acordar en abril de 2024 la suspensión cautelar de varios artículos del texto.

En marzo de 2025, el tribunal anuló la ordenanza en su conjunto, una sentencia recurrida en casación, pero que no impide su ejecución provisional, como subraya el auto: «el derecho a la ejecución provisional se regula en el artículo 91 de la LJCA, donde se establece un principio general favorable a la ejecución».

Durante este tiempo, el consistorio ha seguido adelante con el proyecto, adjudicando las obras y anunciando en medios que el carril bici estaría operativo en junio de 2025. De hecho, se habían instalado ya pivotes y separadores para evitar que los vehículos invadieran el carril.