El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la inmediata paralización de las obras del proyecto de la Red Ciclable -el polémico carril bici- tras despachar la ejecución provisional de la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial. El auto, fechado el 19 de junio de 2025 y al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, dispone que el consistorio "no continúe con las obras de la llamada Red Ciclable", lo que supone un duro golpe a uno de los ejes de la estrategia de movilidad del grupo de gobierno local.
El tribunal considera que el ayuntamiento no puede alegar ahora perjuicios de difícil reparación, ya que, como recoge el auto, "desde notificación del auto de medida cautelar queda impedido el ayuntamiento de aplicar los preceptos que por el mismo quedaron suspendidos". Añade que "este régimen permanece hasta notificada la sentencia", y que ahora, con la ejecución provisional, la paralización alcanza a "aquello que quede por hacer, no lo ya realizado".
Un proyecto judicializado desde sus inicios
El conflicto legal se remonta al 2024, cuando la Asociación de Vecinos Urban Centro “El Perenquén” presentó recurso contra la ordenanza municipal. El TSJC le dio la razón en una primera fase al acordar en abril de 2024 la suspensión cautelar de varios artículos del texto. En marzo de 2025, el tribunal anuló la ordenanza en su conjunto, una sentencia recurrida en casación, pero que no impide su ejecución provisional, como subraya el auto: «el derecho a la ejecución provisional se regula en el artículo 91 de la LJCA, donde se establece un principio general favorable a la ejecución».
Durante este tiempo, el consistorio ha seguido adelante con el proyecto, adjudicando las obras y anunciando en medios que el carril bici estaría operativo en junio de 2025. De hecho, se habían instalado ya pivotes y separadores para evitar que los vehículos invadieran el carril. Ahora, la Justicia frena en seco el plan, insistiendo en que el contrato de ejecución de las obras, firmado en septiembre de 2024, "se celebra en una fecha en que rige el auto de suspensión cautelar y a espera de sentencia", por lo que no puede esgrimirse como fuente de perjuicio.
El ayuntamiento, sin margen hasta nueva decisión
El auto deja claro que, aunque cabe recurso de reposición, este no tiene efecto suspensivo, por lo que "deberá obedecerse lo ordenado, en tanto nuestra decisión no sea expresamente revocada". La sentencia remarca que el Ayuntamiento pudo haber solicitado la modificación de la medida cautelar si consideraba que las circunstancias habían cambiado, pero no lo hizo. De hecho, señala que el consistorio "se conformó con la firmeza del auto de medidas cautelares", y que por tanto no puede ahora defender un cambio sustancial de las circunstancias.
El futuro del carril bici queda en el aire. Mientras desde el ayuntamiento se defendía hasta ahora la legalidad del proyecto y se anunciaban fechas de apertura, la resolución judicial impone un parón que podría desembocar en su desmantelamiento si finalmente el Supremo confirma la anulación de la ordenanza. El caso se ha convertido en un símbolo del choque entre los proyectos de movilidad sostenible y la contestación vecinal y judicial, dejando a Santa Cruz ante un nuevo escenario de incertidumbre.