El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la ley de iniciativa popular de protección del arbolado urbano que contempla sanciones para tala, derribo o eliminación de árboles protegidos sin la autorización correspondiente.
La norma ha tenido el apoyo de todos los grupos salvo Vox y la crítica del PSOE, que considera que se trata de una ley "de mínimos" después de las negociaciones que hicieron decaer parte de su contenido.
Protección e inventario
La ley pretende la preservación de todos los ejemplares de cualquier especie ubicados en suelo urbano con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco, así como de las nuevas plantaciones reguladas al amparo de la misma.
También establece la obligación de mantenimiento para los propietarios, que deberán comunicar cualquier síntoma de decaimiento, y fija una inspección cada dos años por parte de los ayuntamientos o del órgano autonómico en el caso de árboles singulares. Asimismo, determina la actualización del inventario municipal del arbolado al menos una vez cada diez años.
Sanciones graves y muy graves
El texto definitivo recoge un régimen sancionador en el que se diferencian las infracciones graves de las muy graves, como la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos de la ley, salvo por razones de seguridad para personas o bienes.
También se considerarán infracciones muy graves cuando las talas afecten a ejemplares incluidos en cualquier catálogo de protección o individualizados por sus sobresalientes características en el inventario municipal.
Ejemplares más antiguos
En la exposición de motivos de la ley se esgrime la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de los ejemplares más valiosos y antiguos ante "las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen", y fomentar los espacios arbolados en pueblos y ciudades.
Propone la prohibición de la tala salvo en supuestos excepcionales, y ordena el trasplante de los ejemplares afectados por obras de reparación, reforma o construcción de infraestructuras.
En general, veta las "podas drásticas o indiscriminadas" salvo cuando las copas no guarden la distancia mínima con tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten la visibilidad de semáforos o exista peligro para la seguridad vial, peatonal o para la salud del propio árbol.
Grupos parlamentarios
La diputada del PSOE Alicia Vanoostende ha ensalzado a las personas que "redactaron el texto, recogieron firmas, generaron consciencia y lanzaron un mensaje: la sociedad civil puede reparar lo que las instituciones a veces tardamos en ver". Ha hecho hincapié en que "muchas iniciativas" del texto original han decaído por falta de respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno, por lo que la ha calificado como "una ley de mínimos" que "no es tan ambiciosa como deseábamos", aunque "es un paso adelante, un punto de partida".
Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han insistido en que la norma necesitaba correcciones para atender a la diversa realidad municipal y a la capacidad de recursos de los 88 ayuntamientos del Archipiélago. Natalia Évora (CC) ha subrayado que el objetivo ha sido sacar adelante "una ley operativa y realista", destacando la diferenciación entre podas y talas.
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) ha admitido que la ley "dista mucho" de la que entró en el Parlamento la pasada legislatura y ha señalado "el equilibrio" como su principal rasgo, pidiendo no dejar solos a los ayuntamientos en su aplicación. Raúl Acosta (AHI) ha indicado que lo mínimo es "tratar con respeto" la iniciativa ciudadana que recopiló firmas e hizo "un trabajo altruista" para presentar una propuesta que los grupos han intentado mejorar.
Carmen Hernández (NC) se ha reafirmado en que los árboles son "seres vivos esenciales" que purifican el aire, capturan CO₂, generan sombra y sostienen la biodiversidad urbana, y sin los cuales las ciudades son "más calientes, contaminadas, hostiles e injustas". "Hasta un niño de cinco años está de acuerdo en que respirar aire limpio es mejor que contaminado", ha señalado.
En la misma línea, Carlos Ester (PP) ha indicado que la ley promulga el respeto por los árboles como seres vivos y su preservación, pues "dan calidad de vida y son indispensables en las ciudades para tener un mejor entorno".
Sin embargo, Nicasio Galván (Vox) ha cuestionado una normativa que nace "sin el respaldo claro" de los ayuntamientos, sin criterios de financiación y que carga de burocracia a las administraciones.