Las quejas presentadas por los canarios a la Diputación del Común sobre la demora en los procedimientos de discapacidad deja cifras llamativas y que muestran la realidad de la situación en las Islas. Este 2024 suman 320 más que el año anterior, con 545 en total. Pero en general, discapacidad, dependencia, servicios sociales, salud y sanidad pública y vivienda son las áreas que representan más alegaciones.

La Diputada del Común, Lola Padrón, señaló este lunes --con motivo de la presentación del informe de 2024 de la institución- que se estaba dificultando a más de 600 canarios “el acceso a aquellos derechos que vienen dados por la valoración de discapacidad” como es la incorporación a un empleo, el acceso a una vivienda o a quienes necesitan apoyo educativo especializado. 

Padrón alertó ante los medios de comunicación la falta de refuerzo del personal de valoración para las resoluciones del ingreso mínimo vital o la renta canaria de ciudadanía, una situación en la que es necesaria “la coordinación entre consejerías”. 

Los datos

El informe de la Diputación detalla que la ciudadanía realizó en 2024 un total de 30.165 consultas, la mayoría de ellas vía email o página web (18.564) mientras que se registraron 3.199 quejas de las cuales el grueso de ellas provienen de la isla de Tenerife. Las áreas que reciben más quejas son discapacidad con 603, le sigue dependencia con 470, servicios sociales con 284, así como 224 para salud y sanidad publica y 178 a vivienda. En el caso de la vivienda, 53 de ellas van dirigidas a la disconformidad del cobro del IBI por Visocan y el incremento del alquiler. 

Hay otros datos llamativos, como las quejas por la situación del volcán de La Palma --con 14 el pasado 2024-- al igual que el crecimiento del total de quejas a los procedimientos de discapacidad pasando de 97 a 545 en 2024. También han aumentado las reclamaciones por la demora en este procedimiento afectando a menores de entre 0 a 16 años. 

Más de 16 meses

Padrón aseguró que tanto el Ingreso Mínimo Vital como la Renta Canaria de la Ciudadanía son dos cuestiones en las que se está fallando ya que hay retrasos que pasan los 16 meses. 

“Es un recurso de emergencia que también hay que revisar. Nosotros hemos dictado 111 resoluciones con respecto a la Renta Canaria de Ciudadanía y 34 han sido contestadas, pero en este momento no están resueltas. Son muchas familias canarias las que dependen de ese ingreso para tener una vida aceptable”, dijo. 

Vivienda 

La vivienda también es otra de las quejas que más recibe la Diputación. De hecho Padrón señaló como insuficientes las ayudas al alquiler. “Habría que revisar las cuantías, porque un alquiler de 600 euros es muy difícil encontrar en este momento, al igual que las ayudas a la compra de vivienda, ya que no suele haber casas que cuesten 120.000 euros”, aseguró. 

Por ello plantean un pacto por la habitabilidad. “La cuestión tampoco es exclusiva de Vivienda. Política Territorial tiene que hacer un diseño claro de hasta dónde podemos llegar y qué acciones se tienen que plantear dentro de los planes generales de urbanismo coordinandose con los ayuntamientos y Obras Públicas”, apuntó. También insistió en que tanto el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) como la empresa pública Visocan “deben confluir”, ya que actualmente existe una descoordinación entre ambas.

Camas ocupadas

En el caso de las camas ocupadas por pacientes sociosanitarios, Padrón apuntó que el número de quejas no es alto porque “hay colectivos a los que hay que ponerles voz” De esta manera hizo referencia a la denuncia de Asamblea 7 Islas sobre los 1.000 pacientes que se encuentran ocupando camas sociosanitarias y valoró la presencia del tercer sector como "vertebral" a la Diputación.