El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, está en el punto de mira. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social le ha abierto un expediente por, presuntamente, usar a menores migrantes para que trabajaran en sus fincas privadas de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
Los jóvenes se alojaban en el centro Tagoror, unas instalaciones dirigidas por su hija y aledañas a la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria) en la que él es pastor. Según publica Canarias7, los hechos por los que señalan al empresario fueron denunciados este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Los chicos recibían, supuestamente, entre 20 y 25 euros por trabajar en los cultivos.
Una adjudicación
La iniciativa de crear el centro Tagoror parte de la Asociación Oportunidades de Vida que preside Hernández –aunque el edificio está gestionado por su hija bajo la tutela del Ejecutivo regional–. Atlántico Hoy ha podido saber que la ONG recibió 111.954 euros en mayo de 2021 por parte del Gobierno de Canarias cuando era Ángel Víctor Torres quien estaba al frente.
El dinero, adjudicado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, dirigida en aquel momento por Iratxe Serrano, tenía el objetivo de contratar con urgencia el dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados Tagoror. El procedimiento fue acelerado por la pandemia y el fenómeno migratorio en Canarias.
Tramitación de emergencia
El organismo del que se encargaba Serrano dependía de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional, un área de la que era titular Noemí Santana. En la memoria justificativa explican que se hizo una tramitación de emergencia porque la situación los obligó.
“En otras circunstancias se tramitaría a través del procedimiento ordinario que pauta la Ley de Contratos del Sector Público, pero el Servicio de Programas de Prevención y Protección no ha podido planificar la creación de recursos, ante la situación catastrófica, estando absolutamente desbordado por la avalancha completamente sobrevenida e imprevisible de los varios cientos de MENAS en 2021, 2020 y finales del 2019, que han de ser provistos de la atención debida sin dilación alguna”, subraya.
Una situación insostenible
La forma de llegar a un acuerdo fue verbal entre la Dirección General y la Asociación Oportunidades de Vida. “Se han realizado varias visitas tanto por esta Jefatura de Servicio como por personal del mismo, al recurso residencial Tagoror, resultando conforme el resultado de las mismas”, reza el texto.
El Ejecutivo consideraba “insostenible” resolver las continuas llegadas de los meses de septiembre y octubre de 2020 con los recursos residenciales que tenían. “Actualmente son absolutamente incapaces, se encuentran desbordados, siendo actualmente unos 2.100 los menores presentes en los recursos habilitados de emergencia para su atención, haciéndose necesario contar de manera inmediata con otros dispositivos de emergencia”, manifestaba.
Presuntas amenazas
Volviendo a la información de Canarias7, Rafael Hernández fue expulsado del Consejo Evangélico Canario al enterarse de los presuntos hechos. Se dice también que la inspección de trabajo encontró a 10 menores trabajando en las tierras y él amenazó, supuestamente, a dos trabajadores para que mintieran y dijeran que todo aquello formaba parte de un programa piloto de formación coordinado con el SEPE. De lo contrario, los despediría.
Al parecer, también estaba preocupado por quedar en mal lugar con su “amigo” Ángel Víctor Torres, quien fue a jugar un partido de fútbol con los jóvenes migrantes o visitó el proyecto Guaguaseo, una iniciativa de la Asociación Oportunidades de Vida.
Su versión
Consultado por EFE, Rafael Hernández ha negado haber contratado de "manera ilegal a nadie" y ha manifestado estar "sorprendido", después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes.
Ha explicado que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha.