No será 2027 el año en el que la comunidad autónoma de Canarias cumplirá la ley de Educación e invierta el 5% del Producto Interior Bruto en este sector. En un momento de pleno debate tras los resultados del informe Pisa sobre la situación de la educación en Canarias y al respecto de la climatización de las aulas, el proyecto de presupuestos para 2027 recoge un aumento de las partidas para la consejería de Educación, pero se sigue sin cumplir con la ley que establece un mínimo de inversión del 5%.
El proyecto contempla para Educación un gasto consolidado de 2.848,34 millones de euros, lo que representa el 4,12 % del PIB previsto para el próximo año. Para llegar al objetivo legal, esa dotación tendría que alcanzar los 3.458,35 millones de euros, tomando como referencia los 69.167 millones de PIB nominal que contempla el escenario central del propio Ejecutivo. La diferencia entre ambas cantidades es de 610,01 millones de euros.
Críticas al Estado
Justo es esta alta cantidad la que señala el consejero de Educación, Formación Profesional y Deportes, Poli Suárez (PP), para justificar que no se alcance el límite legal, ante otras áreas donde también se concentra la inversión en los presupuestos. También ha tirado balones fuera al señalar que desde 2017 el Estado debe 42 millones anuales para infraestructuras educativas y ha criticado las partidas destinadas a Presidencia en el Gobierno central.
Desde el PSOE han afeado que con este nivel de inversión se tardará 25 años en cumplir con el porcentaje de inversión. El diputado socialista Marcos Hernández Guillén ha reprochado en la comisión que en 2027 se está más lejos de conseguir el objetivo del 5% que en 2023, cuestión que señala que no se puede justificar en la subida del PIB porque “las necesidades en Educación han subido de forma paralela”. Por su parte, Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha señalado que el anterior gobierno dejó el listón en el 4,6% y que ahora, ha bajado al 4,1%. Desde Vox, el diputado Javier Nieto ha planteado el cambiar la ley si no se cumple este requisito.
Un compromiso pendiente desde 2022
El artículo 72.3 de la Ley Canaria de Educación no Universitaria de 2014 establece que el Gobierno incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. Para ello, fijaba que el presupuesto educativo debería situarse, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la norma, como mínimo en el 5% del PIB. Ese plazo concluyó en 2022 y ninguno de los años se cumplió el límite establecido. Las cuentas de 2027, las últimas de la legislatura, continúan por debajo de esa referencia.
Más dinero para la consejería
Más allá del incumplimiento de la ley, el informe económico del presupuesto destaca que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes contará con 2.532,90 millones de euros, un incremento del 9,42%, equivalente a 217,98 millones, respecto al ejercicio anterior. Si se descuenta el efecto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el aumento se sitúa en 248,10 millones, un 10,86%.
Entre las principales variaciones de la consejería, el informe económico señala un aumento del 10,88% en los gastos de personal y de 31,40 millones de euros en bienes y servicios. También hay un aumento de las partidas para la educación concertada, con un crecimiento de 7,42 millones de euros (3,74%) y pasa de 198,45 millones en el presupuesto inicial de 2026 a 205,88 millones en el proyecto de 2027.
Caída en las inversiones
Pero si se observa en concreto la situación de las inversiones, la caída de las partidas es mayor. Si en 2026 las inversiones en Educación eran de 63,80 millones, para 2027 serán de 40,36 millones de euros, una caída del 36%. La clave está en la reducción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En el conjunto de la consejería, las inversiones del servicio MRR pasan de 29,01 millones a 585.101 euros. En 2026 incluían, por ejemplo, 21,72 millones para equipamiento informático. Si se excluye ese servicio en ambos ejercicios, el resto del capítulo 6 aumenta de 35,91 a 42,34 millones: un 17,91 %.
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