Conocíamos hace unos días las horribles agresiones que han sufrido dos menores escolarizados en uno de los centros educativos más importantes de Tenerife, a manos de otros niños del colegio. Se trata de dos palizas brutales: una a un niño de 9 años, a quien tres alumnos pegaron con un palo de metal, y otra a un menor de 14 años agredido por turnos por 15 compañeros.
En solidaridad por lo ocurrido, y también por el miedo a que les pase a sus hijos, un grupo de padres ha convocado para el próximo día 2 de junio, una concentración en la puerta de la sede donde ocurrieron los hechos (la institución tiene otros dos en la isla) sita en la calle Hermano Pedro de San Miguel de Abona, a las 10 de la mañana. Si no nombramos directamente al colegio es por petición de la madre del niño de 14 años, que también insiste en que no ha sido ella quien ha organizado la convocatoria, aunque se ha hecho eco en redes.
"Expulsar" a la víctima
Esta familia ha decicido cambiar finalmente a su hijo de colegio y "ahora se encuentra mucho mejor, poco a poco se va recuperando", pero las semanas siguientes a la agresión, cuenta a Atlántico Hoy, intentaron que se volviera a la normalidad "pactando con su profesora una asistencia de 2 o 3 horas diarias, pero le daban ataques de pánico solo de llegar a la calle en la que se encuentra el colegio".
Cambiar al niño de colegio ha sido necesario por su salud, pero las familias no entienden cómo, en la práctica, a quien se expulsa de su vida anterior es a la víctima y no a los agresores. Esta madre denuncia que la institución "ha protegido a los agresores. No han expulsado a los culpables y ni siquiera sabemos quienes son la mayoría. Solo uno de ellos pidió perdón a mi hijo en el recreo". Otros progenitores coinciden en no explicarse "por qué no hay o no se ha activado un protocolo antiacoso" y esa es una de las explicaciones que exigirán saber con esta concentración.
Poca vigilancia
Además, aseguran que en el colegio faltan efectivos "no es normal que no haya suficientes adultos vigilando en los descansos", dice esta madre, y "además, el colegio se niega a poner cámaras". Según otro padre con hijos en el mismo centro "la opinión generalizada es que se les ha ido de las manos, el colegio ha crecido mucho pero los profesores y resto de trabajadores no".
La madre del pequeño de 9 años indica que “ningún profesor vio nada” y que su hijo, después de la paliza, ayudado por dos amigos para poder caminar, acudió a la maestra y ésta “le dijo que no era nada porque, como él intentó defenderse, se trató de una pelea normal de colegio”.
También el caso del adolescente parece que se ha tratado como una pelea, "pero 15 contra uno de pelea no tiene nada" dice uno de los padres, que teme que estos casos sigan ocurriendo en el colegio.
Silencio del colegio
Se quejan también del silencio: "Nadie del colegio se ha puesto en contacto conmigo. Solo he recibido una carta de la fiscalía que indica que se han cerrado las actas porque se trata de menores de 14 años", así que no sufren consecuencias penales "y tampoco consecuencias en el colegio".
Más allá de la exigencias directas a la dirección del colegio, la madre del menor de 14 años considera que la ley que impide que los niños de menos de 14 años tengan responsabilidad penal no sirve y que la edad penal debería bajarse "al menos a los 13". Y continúa: "Cuando ocurrió la agresión todos tenían 13 años, pero sabían peerfectamente que lo que hacían no era un juego. Mi hijo ni siquiera los conocía".
Ley contra el bullying
Estas situaciones violentas en centros educativos se suman a las reclamaciones de la recogida de firmas para impulsar una ley contra el acoso escolar, que ha iniciado Laura Fernández, madre de Lucía, la menor de 12 años que se suicidó en Tenerife el pasado febrero.
El objetivo es alcanzar las 500.000 firmas y así pedir al Gobierno central que se apruebe una ley más dura contra el bullying, ante la ineficacia del protocolo de actuación contra el acoso escolar al no ser activado en muchos casos.
Entre las propuestas de esta nueva ley, familias y asociaciones proponen que se activen mecanismos judiciales inmediatos a través de la Fiscalía de Menores al detectar acoso grave y sean trabajadores sociales especializados los que evalúan la situación, así como permitir tomar acción sobre los agresores y no queden impunes por su minoría de edad.