El consejero delegado de Gestur, Agoney Piñero, ha comparecido este martes en el Parlamento de Canarias junto a un miembro de su servicio jurídico para dar explicaciones sobre las responsabilidades de la empresa pública sobre el bloqueo urbanístico que sufre buena parte de la zona Cho-Parque la Reina, en Arona, habida cuenta de que el ayuntamiento del sur de Tenerife dejó hace unos aoños de dar licencias de obra a los vecinos escudándose en que la urbanización nunca fue recepcionada por incumplimientos de Gestur.

Este conflicto lleva años siendo una pesadilla para los propietarios de algunas parcelas de Cho-Parque la Reina. Desde los 80 hasta hace aproximadamente una década, el consistorio dio licencias de construcción sin problema, pero ahora los técnicos han dejado de hacerlo alegando que Gestur tendría que haber entregado el 10% de aprovechamiento de la urbanización al ayuntamiento para que la obra fuese recepcionable. Como esto no pasó, ahora algunos técnicos consideran la obra como no recepcionada e incluso se ha sugerido revisar todas las licencias de oficio.

No se dan por aludidos

Pero la historia da un nuevo giro. Tanto Piñero como Andrés Vila, técnico jurídico que ha acompañado al consejero delegado a la comisión, aseguran que Gestur nunca estuvo obligada a dar el 10% de aprovechamiento. Según defienden, esa parcela, que fue adquirida a la empresa Cañada Blanca SA y posteriormente segregada en dos, formaba parte de una unidad urbanística mucho mayor (de 600.000 metros cuadrados) dentro del Plan Cho 2, desarrollada en la segunda mitad de los años 70 conforme a la ley de suelo de 1956, que no contemplaba la cesión del 10% de aprovechamiento público.

Los servicios jurídicos de Gestur insisten en que el papel de la empresa pública en el desarrillo del Polígono 2A (el bloqueado) fue "complementario" al Plan Cho 2. "Gestur no redactó nunca un plan parcial, fue Cañada Blanca SA el que lo hizo, y fue aprobado el 13 de febrero de 1976 por lo que se le aplica la ley del suelo de 1956, en la que no se establecía la obligación de ceder ningún aprovechamiento", asegura Vila.

"Cañada Blanca tuvo que aprobar un proyecto de urbanización mucho más grande que comprendía todos los ámbitos (...). Para desarrollar la Fase 1 del Polígono 2A nosotros hicimos un proyecto de urbanización complementaria al grande. Nos encargamos de desarrollar la urbanización terciaria: las conexiones de las viviendas a los sistemas generales", explica el jurista de Gestur.

Recepción tácita

Para la empresa pública está claro: la urbanización está a la orden y es conforme al planeamiento. Además, a juicio de la empresa existe una "tácita recepción de las obras de urbanización", pues, si bien no existe un acta de recepción por parte del ayuntamiento, sí existe una solicitud de entrega de Gestur de 1985 que la empresa considera aceptada por silencio administrativo en septiembre de ese año, amparándose en el Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre, que en su artículo 6.3 decía: "El plazo de aprobación definitiva de proyectos de urbanización y de delimitación de polígonos o unidades de actuación y estudios de detalle será de tres meses desde su aprobación inicial. Transcurrido este plazo sin comunicar la pertinente resolución, se entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo, siempre que dentro de este plazo se haya incluido el trámite de información pública".

Desde aquella aprobación por silencio administrativo, Gestur vendió las parcelas (la última en los 90) y el Ayuntamiento de Arona ha pasado décadas dando licencias de obra (de hecho, 55 de las más de 70 parcelas están construidas) y procurando servicios públicos.

Dice no haber sido informada

La empresa pública muestra ahora su absoluta sorpresa porque el consistorio esgrima el argumento de la no recepción de las obras. "Los propietarios nos decían: 'Es que el ayuntamiento dice que Gestur no ha cumplido'. Es la primera vez [que lo dicen], el único conocimiento que tenemos, No hay ningún dato oficial, comunicación, requerimiento ni oficio de ningún tipo [por parte del ayuntamiento], porque lo hubiéramos recurrido", asegura Andrés Vila. 

"Se trata de un cambio de criterio de los técnicos, que ahora nos vienen a exigir una circunstancia que, encima, no nos ofician", remata el jurista de Gestur. Además, la empresa asegura también que no ha tenido acceso al dictamen de la ULL que Arona encargó hace más de un año para resolver la encrucijada y que todavía no ha pagado ni utilizado. Dicho informe, supuestamente, recoge tres posibles soluciones técnico-jurídicas para poder dar licencias con garantía legal, pero el ayuntamiento no ha hecho uso de él.

Pagar el 10%

Con todo, Gestur reitera su disposición a solucionar "todos los problemas" y asegura haber mantenido con el Ayuntamiento de Arona dos reuniones para poner a su disposición toda la información y documentación de la que dispone. Sin embargo, preguntado por Atlántico Hoy sobre si Gestur está en disponibilidad de aportar el 10% de aprovechamiento que el Ayuntamiento de Arona considera necesario para dar por entregada la obra, Agoney Piñero asegura que tendrían que "analizarlo" en profundidad porque no es tan sencillo.

En primer lugar, porque Gestur mantiene que no es responsable de ese 10% sino, en todo caso, Cañada Blanca SA. Y en segundo porque, 40 años después, la única opción de entregar dicho aprovechamiento sería pagar una compensación monetaria a Arona. "¿A qué precio? ¿Al de ahora o al de 1985?", se pregunta retóricamente Piñero.