El sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC), fuerza con abrumadora mayoría en el comité de empresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, ha presentado este sábado una querella a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy contra varios miembros de Unión General de Trabajadores (UGT) y contra el propio sindicato por presuntamente tratar de amañar las elecciones sindicales convocadas para enero de 2025 con candidatos ilegales.

Según consta en la denuncia, el comité de empresa del IASS está compuesto por 23 trabajadores, los cuales se reparten según su categoría profesional. En este proceso, la mesa electoral acordó asignar al Colegio de Especialistas y No cualificados un total de 17 miembros y los seis restantes al Colegio de Técnicos y Administrativos.

Requisitos

"Para que la candidatura del Colegio de Especialistas y No cualificados se considere legalmente válida al momento de su presentación, debe contener una lista completa inicial con el mínimo de miembros elegibles. Además dichos candidatos deben cumplir con dos requisitos para ser elegibles: tener un contrato laboral en activo al momento del preaviso de promoción electoral y ostentar una antigüedad mínima de seis meses", señala la denuncia.

Según recoge la querella, la afiliada a UGT Jéssica Rodríguez presuntamente visitó los centros del IASS a finales de enero “con la finalidad de dar a conocer sus propuestas sindicales entre los trabajadores y fomentar la participación en el proceso de elección de candidaturas sindicales”, pero teniendo varios encontronazos con distintos trabajadores del Instituto.

Asegura la representación de ATC que, ante las "dificultades reales del sindicato UGT, que no tiene presencia efectiva en los centros propios del IASS, para conseguir una candidatura completa de 17 miembros legítimos"  (algo especialmente dificil en la categoría del Colegio de Especialistas y No Cualificados, además), los querellados "de forma concertada, utilizan la estrategia de conseguir por los medios que fueran necesarios (incluso ilegales) el objetivo de presentar una candidatura de 17 candidatos con sus firmas".

El plan

Presuntamente, el plan urgido por UGT consistía en realizar una campaña de contactos con antiguos afilados de dicho sindicato, principalmente del Hospital Universitario de Canarias, donde actuó supuestamente el querellado Nuhacet González, que según la denuncia "llamó a sus conocidos, sobre todo del colegio de Especialistas y NO Cualificados y los enredó, restándole importancia y en todo coloquial" para convencerles de que les va "a incluir en una candidatura electoral, pero que no conlleva ninguna consecuencia, solo para 'hacer bulto'  y que luego los borran".

 Sostiene ATC que se les ocultó, además, que se iban a consignar sus datos personales y a falsificar su firma. Tras esto, presuntamente, Nuhacet González presentó, en nombre del también querellado Francisco Bautista Yanes (secretario general de la UGT Servicios Públicos de Canarias) las candidaturas a las elecciones sindicales mediante registro electrónico.

"Se constata que se han incluido en la misma de forma irregular varios candidatos que no resultan elegibles, porque no trabajan en el IASS o no tienen la antigüedad mínima necesaria. Estas maniobras son irregularidades que provocan la nulidad de la candidatura por no estar completa al momento de la presentación", afirma la denuncia.

Falsificación de firmas

Aunque esto, per se, no tiene "alcance penal" según manifiesta ATC en su querella, el sindicato sí señala que UGT habría falsificado las firmas de varios trabajadores afiliados a ATC para presentar la candidatura, "imitando la firma de las candidatas sin su consentimiento", habiendo uno de ellos indicado expresamente su negativa a formar parte de la plancha electoral.

Afirma la denuncia que, cuando se interpeló a la querellada Jéssica Rodríguez por la manipulación, esta presuntamente "adoptó una actitud física amenazante intentando silenciar" el testimonio de uno de los querellantes.

Doble impugnación

Tras todo este revuelo, y habiéndose rechazado por estos motivos la candidatura de UGT, presuntamente otro afiliado querellado de ese sindicato, Javier María Insúa, actuando como representante legal de UGT, formuló un "escrito de impugnación ante la mesa electoral del Colegio de Especialistas y No Cualificados, al efecto de que sea proclamada la candidatura electoral que contiene las firmas de los querellantes que se encuentran falsificadas".

Escrito que fue rechazado también alegando la presunta falsificación de tres firmas, alegando: "La inclusión de forma involuntaria de los datos y firma de varios trabajadores invalida la candidatura inicial. Este motivo es insubsanable, máxime cuando no existen candidatos suplentes para considerar que la lista presentada es completa". No conformes con el rechazo, los querellados impugnaron por segunda vez esta acción de la mesa, tratando presuntamente de que se incluyese su candidatura pese a ser ilegal.

Nuevo delito

Tras todos estos hechos, prosigue la denuncia, uno de los querellantes denuncia que UGT le ha cobrado de su nómina del IASS una cuota alegando que estaba en UGT cuando trabajaba en el HUC. Al ir a reclamar tal cantidad, el afectado descubrió una segunda falsificación de su firma:

"Mi mandante se persona en el Servicio de Relaciones Laborales del IASS, realiza una comparecencia y solicita que se le justifique documentalmente el motivo del descuento en su nómina de una afiliación al sindicato UGT. Lamentablemente en el citado servicio se le hace entrega de una solicitud personal, donde constan sus datos personales y su firma (que no tiene ninguna similitud con la auténtica) y constata que nuevamente se le han consignados sus datos personales y su firma en la citada afiliación".

El delito de falsedad documental , explica la denuncia, cuando es cometido por un particular, previsto y penado en el artículo 390 del Código Penal, puede conllevar unas penas de prisión de entre seis meses y tres años, así como una multa de seis a doce meses. Además, la denuncia reclama la indemnización de los daños sufridos por el trabajador que sufrió esta falsificación, que es "afiliado y candidato de otro sindicato en las citadas elecciones y se ha visto cuestionado por sus 'supuestas' actuaciones, hasta que se ha constatado que se trataba de una actuación ilícita del sindicato UGT".