La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado incialmente la expropiación urgente de la finca donde se encuentra el llamado Mamotreto de Añaza, un hotel no acabado desde hace décadas en la zona de Acorán, por un coste estimado de 2.344.385,50 euros, según el proyecto técnico al que ha tenido acceso Atlántico Hoy. El trámite ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia.
El edificio —las ruinas de un hotel abandonado en la costa, convertido con el paso de los años en un símbolo de degradación y peligro por la cantidad de muertes que han ocurrido en su interior— ha estado recientemente en la diana y bajo máxima tensión vecinal tras el fallecimiento de una menor de 13 años, que perdió la vida en diciembre al caer en el interior del inmueble. Tras aquella desgracia, asociaciones del barrio organizaron protestas reclamado que se actúe “ya”, con movilizaciones convocadas a pie de edificio.
La novedad, ahora, es el método con el que se pretende desbloquear el gran obstáculo que siempre ha rodeado la demolición de este inmueble, que es pasar de una titularidad privada extremadamente fragmentada a una titularidad pública que permita licitar el derribo con seguridad jurídica. La propiedad del inmueble está dividida en 900 participaciones repartidas entre 636 propietarios, de los cuales el 84,9% son alemanes y el 14,2% suizos, lo cual hace extremadamente dificil la identificación y notificación de la expropiación.
Una expropiación “muy compleja”
El corazón del problema está en el reparto de la propiedad. El expediente de Urbanismo recalca que la mayoría de las participaciones corresponden a personas físicas y advierte de que, por la antigüedad de las compraventas, “es razonable presumir” que muchos hayan fallecido.
A esa complejidad se suma que casi todos los titulares son extranjeros. Además de alemanes y suizos, hay un porcentaje residual de finlandeses y cuatro empresas de Liechtenstein entre los dueños del hotel, lo que obliga a aplicar mecanismos de notificación internacional y vías consulares.
La cuestión es que, si no se acredita correctamente que la notificación de expripiación es válida de pleno derecho para esa masa de titulares en el extranjero, no se podría inscribir el Mamotreto a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para su demolición. La concejal responsable de Urbanismo, Zaida González, ya explicó en diciembre a este medio que el procedimiento es “absolutamente complejo” y que la dificultad está precisamente en lograr un mecanismo de notificación que el Registro de la Propiedad acepte como suficiente.
El expediente reconoce, además, que no será posible practicar todas las notificaciones de forma personal. En ese escenario, la resolución que da por aprobado inicialmente el proceso expropiatorio contempla que el Ministerio Fiscal asuma la representación y defensa de las personas a las que no se logre notificar personalmente, con el objetivo de que el procedimiento no quede bloqueado y pueda completarse la inscripción registral de la expropiación.
Qué se expropia exactamente
El ámbito afectado afectado por la expropiación será la finca registral 10911 del Registro de la Propiedad de El Rosario, ubicada “entre la calle Mayantigo y la costa”, en el barrio de Acorán (Añaza), dentro del distrito Suroeste.
En esa finca se levanta el Mamotreto. Se trata de un edificio de 22 plantas, con una obra paralizada en los años 70 y un estado de deterioro progresivo que ha multiplicado los riesgos de acceso y de accidentes en su interior a lo largo de las últimas décadas. La licencia del Mamotreto para ser un apartahotel de 741 habitaciones fue declarada caducada por la Gerencia de Urbanizmo en noviembre de 2017.
El justiprecio
El expediente incorpora dos cifras sobre la valoración del suelo y la expropiación. Por un lado, la valoración del suelo queda fijada en un valor unitario de 1,4925 euros por metro cuadrado, lo que da un cálculo de 44.246,94 euros tras valorar 29.646,05 metros cuadrados.
Sobre este cálculo, el documento de relación de titulares y participaciones suma un justiprecio global de 47.992,45 euros para el 100% de la finca, aunque establece un “justiprecio a percibir” de cero euros porque el coste de la demolición necesaria (2,3 millones de euros) supera con creces esa cifra.
Expropiación urgente
La resolución fija, entre otras medidas, la notificación individual del acuerdo de aprobación inicial a quienes figuren como titulares de bienes o derechos, trasladando la hoja de aprecio y se abre un plazo de un mes desde la notificación para que puedan formular alegaciones y aportar su propia hoja de aprecio si lo consideran oportuno.
Pero Urbanismo ha declarado de urgencia la ocupación, un mecanismo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa que permite acortar los plazos ordinarios del procedimiento. De esta forma, el ayuntamiento no tendrá que esperar a que el justiprecio quede definitivamente fijado tras las posibles alegaciones o recursos de los propietarios y podrá entrar en el inmueble de inmediato.
En un procedimiento ordinario, la Administración no puede ocupar el bien hasta que el valor esté cerrado y pagado o consignado. Con la urgencia declarada, el orden se invierte, de forma que primero se levantan las actas previas y de ocupación y se materializa la toma de posesión, y el debate sobre la cuantía definitiva puede continuar después ante el Jurado Provincial de Expropiación o en los tribunales.
En el caso del Mamotreto de Añaza, el ayuntamiento justifica esta vía en razones de interés público vinculadas a la seguridad y al incumplimiento de la función social de la propiedad.