El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que requerir bajo amenaza de multa coercitiva y en dos ocasiones al Ayuntamiento de Arona para que le remita el expediente administrativo de uno de los vecinos afectados por el bloqueo urbanístico del Polígono 2A de Cho-Parque la Reina. En esa zona del sur de Tenerife hay vecinos que van camino de cumplir una década sin recibir licencia para construir, a pesar de que otros sí han podido levantar sus viviendas en los últimos 40 años, porque ahora el consistorio dice que las obras de la urbanización no están recepcionadas.

Han pasado más de cuatro meses desde que ese afectado presentó un recurso contencioso-administrativo para desbloquear su caso y, a día de hoy, el consistorio sigue sin entregar la documentación al órgano judicial, aunque sí la ha facilitado ya al propio interesado.

La justicia reclama el expediente

La insistencia del juzgado refleja el grado de parálisis que rodea este caso. El primer requerimiento llegó el 11 de septiembre, cuando un letrado de la Administración de Justicia dictó una diligencia en la que advertía expresamente al ayuntamiento que debía justificar “en el plazo improrrogable de diez días los motivos por los cuales no ha sido remitido el expediente administrativo reclamado” y que debía identificar “la autoridad o empleado responsable”.

El texto iba más allá y avisaba de que, si no se aportaban las explicaciones oportunas, se impondría “una multa coercitiva de 300 euros a 1.200 euros, que será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido”, dejando claro además que, si no se pudiera señalar a un responsable concreto, la propia administración asumiría el pago “sin perjuicio de lo que repercuta contra el responsable”.

Segundo requerimiento

El ayuntamiento no cumplió. Dos meses después, el 10 de noviembre, el juzgado emitió una nueva diligencia prácticamente calcada, pero esta vez solo concediendo cinco días hábiles para cumplir con la obligación. 

Lo llamativo es que este expediente sí se ha entregado ya al afectado, según ha podido saber Atlántico Hoy, pero no al juzgado. En el entorno de los afectados se desconoce quién es ahora el funcionario encargado de estas tramitaciones, ya que en los últimos años varios juristas y técnicos municipales han renunciado o se han desentendido del asunto.

Un bloqueo que dura décadas

El expediente requerido forma parte del enredo urbanístico que sacude desde hace años al Polígono 2A de Cho-Parque la Reina, donde unas treinta familias no pueden construir en parcelas que compraron como suelo urbano consolidado.

Durante décadas, el Ayuntamiento de Arona ha mantenido estas calles, las ha incluido en contratos municipales, ha inventariado varias de ellas como bienes de uso público desde 2011 e incluso ha concedido licencias de obra desde los años noventa. Pese a eso, en los últimos años el consistorio adoptó un nuevo criterio según el cual la urbanización no está formalmente recepcionada y, por tanto, no puede autorizar nuevas edificaciones.

Choque entre técnicos

Un técnico municipal llegó a concluir en marzo de 2024 que existían “suficientes elementos de juicio” para considerar que la urbanización había sido tácitamente recibida, basándose en la actuación continuada del ayuntamiento sobre el ámbito durante décadas. Ese informe recogía que las calles figuraban en el inventario municipal, que estaban abiertas al tráfico y que contaban con alumbrado y mantenimiento municipal desde al menos 2009. También enumeraba licencias de obra concedidas durante más de dos décadas.

Sin embargo, la Secretaría General del Ayuntamiento firmó en noviembre de 2024 un informe en sentido contrario. En él, defendía que no se podían otorgar licencias porque el proyecto de urbanización “carece de aprobación definitiva” al no haberse presentado el proyecto de compensación exigido en 1985 ni la cesión del 10% del aprovechamiento. Ese mismo documento llegaba a plantear incluso la revisión de oficio de licencias pasadas.

Un dictamen que Arona no paga

La situación llevó al Ayuntamiento a encargar un dictamen jurídico externo a la Universidad de La Laguna en julio de 2024, por 14.980 euros. La universidad realizó un análisis exhaustivo de las vías legales para resolver un problema que persiste desde los años ochenta. La ULL lo remitió al consistorio en septiembre de 2024. Pero más de un año después, el documento no se ha pagado, no se ha incorporado a los expedientes y no se ha trasladado a los vecinos.

Una resolución firmada el 30 de septiembre de este año aseguraba que la información contenida en el dictamen era “estrictamente privada” porque se trataba de “un dictamen interno de asesoramiento entre empresas”. Añadía, además, que “la factura de dicho contrato aún está pendiente de ser pagada” y que los datos del informe “no pueden ser utilizados ni privadamente ni públicamente” mientras no se ejecute el pago.

Los afectados han recurrido esta negativa ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, recordando que el informe fue encargado con fondos públicos y que, según la doctrina en materia de transparencia, debe considerarse información pública.