Hace exactamente una semana, La Razón y El Mundo adelantaron la noticia de que la magistrada que intruye el caso Cuarteles en Madrid se había planteado la solución salomónica de dividir el caso para mandar a Tenerife toda la parte del mismo que se desarrolló en Canarias a partir de 2018.
Ambos diarios conocieron la información a través de fuentes autorizadas cercanas a la investigación. Cinco días después, Atlántico Hoy pudo conocer a través de fuentes de la Guardia Civil que la magistrada titular de uno de los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife -que sería susceptible, entre otros juzgados, de poder recibir el caso si se manda desde Madrid- es prima de Ángel Ramón Tejera de León, alias "Mon", el empresario implicado en la trama que hacía obras por cuarteles de toda España gracias a amiguismos con el teniente general Pedro Vázquez Jarava.
La juez niega categóricamente que pretenda dividir el caso
Tras tener conocimiento de este hecho, Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con la juez que instruye la causa en Madrid para saber si tenía constancia de esta circunstancia al plantearse desligar la causa. Tras comunicarle la pregunta, la magistrada ha respondido a este medio contradiciendo categóricamente la información filtrada por fuentes cercanas a la investigación a La Razón y El Mundo de que estaba pensando mandar parte del caso a Tenerife: "Es absolutamente falso que se haya ni planteado siquiera la posibilidad de desligar la causa", informan desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Atlántico Hoy.
En cualquier caso, conforme las explicaciones que han ofrecido tanto la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el de Canarias a este medio, en el caso hipotético de que, tras desligarlo, se adjudicase el caso al juzgado del que la prima de "Mon" es titular, esta tendría que "inhibirse". Esto significa que se abstendría de juzgar esta causa por entender "que no debe participar en el caso porque concurren causas objetivas de abstención de las comprendidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Canarias, una trama aparte
La cuestión con el caso en Canarias es que, desde 2018, la actividad de "Mon" se centró principalmente en el Archipiélago porque el teniente general Jarava, la persona que presuntamente recomendaba comandandancia por comandancia al empresario para aplicar su producto, se retiró. En consecuencia, "Mon" dejó de tener su "gancho" en la Península y se centró en la comandancia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por su conocido y ya destituído coronel jefe José María Tienda.
Los contratos en Tenerife también pararon durante un tiempo porque el antiguo general jefe de Canarias, Juan Miguel Arribas, y la jefa de la Unidad de Gestión Económica de la región, Leticia Galván Dorado, dictaron unas "instrucciones muy rígidas y de obligado cumplimiento de tramitación de contratos menores con el objeto de controlar económicamente ambas comandancias" en 2021, que impidieron al coronel Tienda contratar tan facilmente.
En 2022, cuando Juan Miguel Arribas pasó a la reserva, el coronel José María Tienda derogó las instrucciones y volvió a tratar de contratar a "Mon", pero la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil se dio cuenta del movimiento sospechoso y solicitó todos los expedientes para su revisión. Fue entonces cuando dio con cinco propuestas de contratos menores que presentaban "posibles indicios de irregularidades", entre ellas algunas del citado empresario.
Una situación de 'impass'
Posteriormente a estos hechos, el caso Cuarteles ha ido ganando presencia en medios por su vinculación con el caso Mediador. Ahora el caso está en una situación de impass debido a que la perito que debía visitar las obras de todos los acuartelamientos afectados en España -203 en total- renunció a su puesto en junio de 2022 “ante la imposibilidad material y técnica de poder llevar a cabo el peritaje", dado que el volumen de trabajo era 45 veces superior a lo que se le había comunicado en un principio.
La magistrada de Madrid que instruye la causa y la Abogacía del Estado se opusieron a la renuncia. La segunda además señaló que sería necesario un equipo de peritos para poder continuar investigando. En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 3 requirió a la Dirección General de Patrimonio del Estado para que designase peritos para llevar a cabo las peritaciones.